Es importante destacar que nuestra Presidenta en su reciente visita a la Universidad de Harvard, donde participó en un debate con alumnos de esta institución, entre otras cosas opinó sobre la reforma de nuestra Constitución Nacional, afirmando que “no es su deseo impulsar este cambio”. Quizás se pueda discutir la calidad de las preguntas hechas por los estudiantes, el estilo con el que la Presidenta contestó o por qué fijó su posición en otro país y no en el nuestro. Pero lo cierto es que despejó dudas sobre la indefinición del Gobierno, que postergaba expedirse sobre este tema.
Pero lo cierto es que ya conocemos lo que hoy piensa nuestra Presidenta sobre la tan mentada reforma constitucional que -entre otras cosas- impulsaría la rereelección presidencial.
Además de lo político, que se puede creer o no, esto tiene una explicación legal. El artículo 30 de nuestra Constitución Nacional dice que para reformarla se necesita el apoyo de los dos tercios de los miembros de cada una de las cámaras legislativas y observamos que:
a) La sociedad no muestra ninguna necesidad por reformar la Carta Magna. Sin ir más lejos, analicemos la protesta de un sector de la sociedad el pasado jueves 13 de septiembre sus mensajes y consecuencias.
b) Tampoco los números actualmente le resultan favorables al oficialismo. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación en la próxima elección del 2013 el oficialismo tendría que obtener 90 bancas de las 127 que se disputan.
Digamos que por ahora la reforma de la Constitución Nacional es un tema cerrado por el Gobierno y que Harvard marca un antes y un después, ya que políticamente en nuestro país se inicia desde el oficialismo la lucha por la sucesión, mandando un mensaje claro y preciso a la oposición.
Perspectivas poco claras
Proyecciones como el crecimiento de las exportaciones a Brasil, la mayor producción de soja y el no pago del Cupón del PBI ni del Boden (títulos de deuda pública) durante el año 2013 le permitirán al Gobierno, entre otras cosas, liberar las importaciones, permitiendo que desaparezcan las restricciones comerciales que actualmente tiene la producción de bienes. Estos son los principales argumentos que utilizan algunos economistas para pronosticar un aumento en los niveles de actividad durante el próximo año.
En cambio, otros no son tan optimistas ya que opinan que el Gobierno sigue generando desequilibrios y que será muy difícil remontar los porcentajes de crecimiento que tuvimos hasta el año 2011. Analizamos algunos:
Atraso cambiario e inflación
Sabemos que la cotización de la moneda extranjera no acompañó a la inflación real que padecemos. Esto provocó que los productos que fabricamos en el país sean cada vez más caros en dólares, quitando competitividad a los mismos, especialmente a la industria manufacturera y a los que tienen alta incidencia de mano de obra.
La generación de empleos genuinos también se perjudicó en este esquema. Vemos que durante el período que va de junio de 2011 a junio de 2012 se crearon 9.000 puestos de trabajo, contra los 279.000 del período junio 2010/2011. Actualmente es el Estado el que sostiene la demanda de empleo.
El riesgo de que se aceleren los niveles de inflación obligará a la gente a gastar lo más rápido posible sus tenencias en pesos, ya que sus ingresos reales serán cada vez menores a pesar de los esfuerzos por pesificar la economía.
Lo que aún no se determinó con exactitud es la incidencia que tiene en los niveles de inflación la cada vez mayor emisión monetaria que realiza el Banco Central de la República Argentina para financiar los gastos del Gobierno.
Falta de inversiones
A pesar de los deseos del Gobierno para aumentar las inversiones con medidas como la obligación de los bancos de prestar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a tasas inferiores a las de mercado o los subsidios destinados a este fin, será muy difícil lograr los porcentajes de inversión necesarios para absorber la demanda agregada de bienes y servicios que genera la cada vez mayor cantidad de dinero disponible. Hechos puntuales como la expropiación de YPF, la prohibición de girar divisas al exterior, el cepo cambiario (o como lo llamemos), sumado al clima de incertidumbre reinante, no son hechos positivos para tentar a nuevos inversores de riesgo a que se radiquen en nuestro país.
A la necesidad de los gobiernos nacionales y provinciales de conseguir fuentes de financiamiento, ahora le sumamos a YPF que también busca fondos en el país para poder cumplir con su proyecto. Esto provoca, entre otras cosas, que las tasas de interés para préstamos a inversores privados locales aumenten y, por supuesto, también sus costos, quitando competitividad a su producción.
Otro detalle a analizar es la voluntad de muchos productores de guardar la producción y solamente vender lo que necesiten, especulado con que en algún momento se equipare la cotización del dólar blue (o negro) con el oficial, agravado así la informalidad de nuestra economía, que llega al 40%.
A estos factores debemos agregarle la agresiva presión fiscal, es decir la necesidad cada vez mayor que tienen los gobiernos de recaudar más. Y como si esto fuera poco, debemos considerar el constante sinceramiento (es decir el aumento) de las tarifas de los servicios públicos y la energía, que siguen subsidiadas por el Estado.
En nuestro país si no se modifican estos desequilibrios en el corto plazo ni se genera un clima favorable para invertir. Podemos deducir que será difícil el próximo año alcanzar niveles altos de crecimiento y que no sé si alcanzará la cosecha de soja y el intercambio con Brasil para sostenerlo.
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