NML Capital -filial de Elliot Management- y Aurelius Capital Management, son los fondos de inversión que después de varios años de disputa con nuestro país, lograron que finalmente el juez neoyorkino Thomas Griesa diera su fallo en primera instancia, sentenciando a Argentina a pagar U$S 1.330 millones correspondiente al total de la deuda con estos inversores antes del 15 de diciembre próximo (15D).
La sentencia obligaba también al Banco de New York a retener estos 1.330 millones si es que Argentina no depositaba ese importe. Esta suma podría ser deducida de los depósitos que realizaría nuestro país para pagar los intereses a los bonistas que renegociaron la deuda en los canjes de 2005 y 2010, y que aceptaron una importante quita del valor de sus títulos, habiendo prorrogando también los plazos de vencimientos hasta 2038. Sugestivamente, el pago a estos bonistas vence el 15 de diciembre.
Si Argentina no depositaba este importe antes del 15D, el banco podía retenerle parte de lo que tiene destinado a pagar en tiempo y forma otros compromisos y, en consecuencia, se consideraba que nuestro país iba a entrar en default técnico. Esto significa que, teniendo el dinero para pagar sus compromisos, no lo puede hacer por cuestiones “administrativas”.
La decisión fue considerada muy comprometida, ya que un fallo a favor de estos fondos de inversión obligaba a pagar el cien por cien del valor nominal de sus bonos, complicando en ello al sistema financiero en los EEUU y la refinanciación de deudas de muchos otros países con problemas; sin ir más lejos Grecia.
Pero recordemos: dentro de los distintos capítulos de esta disputa, los funcionarios de nuestro Gobierno afirmaron en varias oportunidades que no les pagarían ni un centavo a los fondos considerados buitres. El dictamen del juez Griesa sobre esta afirmación no se hizo esperar: “Es la opinión de esta Corte de Distrito que estas amenazas de desafío no pueden pasarse por alto, y que se requiere una acción”, cubriéndose ante cualquier incumplimiento.
La apelación argentina
El pasado lunes 26 de noviembre nuestro país apeló esta sentencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, haciendo énfasis en varias cuestiones. Destacó por un lado la “falta de competencia” del juez al ordenar un pago a un gobierno soberano.
Hace mención también a “deficiencias” en la orden de Griesa, ya que hubo “inequidad” al decidir pagarles a estos fondos de inversión el total de su reclamo y en una sola cuota el 15D, mientras que los bonistas que entraron en el canje sufrieron importantes deducciones de sus acreencias y se les aplicó largos plazos de pago.
Observa además que el fallo contiene “amenazas”, porque los privaría de poder cobrar el valor nominal a los bonistas que entraron en los canjes ya realizados. Tampoco consideró la “soberanía” del Poder Legislativo argentino, ya que la famosa “ley cerrojo” no permite negociar con los acreedores de nuestra deuda que no entraron en la renegociación de 2005 y 2010.
En la apelación, el gobierno de Argentina reconoce y se ofrece por primera vez para negociar con estos fondos. Sostiene que “si se hubiera dispuesto una fórmula de pago a prorata que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en iguales términos que la Argentina ofreció en el 2010” hubiera sido todo más fácil.
Esto quiere decir que si se hubiera puesto en igualdad de condiciones a los bonistas que hicieron sus reclamos ante el juez Griesa con los que renegociaron sus títulos en 2005 y 2010, y no se hubiera exigido un pago único y total -como lo hace el fallo-, quizá el problema ya tendría solución.
El total de la deuda pública que no ingreso al canje asciende a U$S 6.600 millones y, si sumamos los intereses devengados y no pagados desde el 2002 hasta la fecha, llegamos a U$S 11.200 millones. Deducimos que solamente el 10% hizo su reclamo ante el juez Griesa, y el resto está pendiente de lo que ocurra de ahora en más.
La deuda pública en manos de privados no es significativa en nuestro país, ya que solamente asciende al 14% del Producto Bruto Interno; y la deuda que quedó sin negociar no supera el 2,5%. Con estos porcentajes, ningún país entra en default.
Resultados de la apelación
Todo cambió cuando la Presidenta confirmó que la Argentina tiene “buena voluntad” y “hará honor” a sus compromisos de deuda. Y afortunadamente, antes de las 48 horas de presentada la apelación, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejo en suspenso (no innovar) el fallo del juez Griesa y estableció un cronograma de presentaciones que fijó el 28 de diciembre para ampliar detalles de la apelación. El 25 de enero de 2013 habrá lo que se llama oposición a la defensa; y el 27 de febrero se efectuarán los argumentos orales.
Esto cambia totalmente las condiciones para negociar con estos acreedores, dando tranquilidad a los bonistas que entraron en el canje. La Cámara de Apelaciones, al aplazar los términos para expedirse, de alguna forma le dio la razón a nuestro país en sus reclamos.
Ante esta realidad de la deuda en default y con la imposibilidad legal de buscar una salida -ya que la “ley cerrojo” no lo permite- me animo a pensar que los fondos de inversión que quedaron fuera de los arreglos de 2005 y 2010 han provocado todos estos acontecimientos para poder nuevamente negociar con nuestro país. El tema deberá ser resuelto ahora en el Congreso de la Nación.
Lecciones que quedaron
Dejando de lado la soberbia mostrada al comienzo con las afirmaciones de que no se iba a pagar a los fondos buitres, o el querer o deber demostrar si es legal o no la deuda; deduzco que no utilizamos una estrategia inteligente para resolver estas cuestiones. Por ejemplo, se podría haber ofrecido a los tenedores de títulos antes de la sentencia, la propuesta que hicimos en la apelación. Tampoco hemos hecho una autocrítica de nuestro accionar con estos acreedores. Es más fácil pensar que los otros son malos y están en contra de los intereses de Argentina. En fin...
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