Es la hora de reivindicar y reivindicarnos ciudadanos

Por Gregorio A. Caro Figueroa

Desde hace años, en la Argentina, el ciudadano parece haber desaparecido de la escena pública. En el caso de Salta, esto está sucediendo de forma notoria y acentuada. Durante la dictadura del “proceso”, la palabra ciudadano fue reemplazada por “población”. De este modo, junto al eclipse del término, se vaciaba de contenido el concepto de ciudadanía.  El ciudadano, despojado de su condición de titular derecho y de deberes, pasó a ser parte de “la población”, término usado en los bandos militares de aquella sangrienta época.

De este modo, el ciudadano perdió su condición de sujeto de derechos, y pasó ser mero objeto, simple dato estadístico y un recurso más dentro de los elementos necesarios para la defensa militar del país. En los primeros años de democracia, la palabra y el ejercicio de la ciudadanía recuperó su vigencia; y el ciudadano, sus derechos. El término “ciudadano” estuvo sometido al desgaste y desencanto de esa misma democracia durante los años de la transición. Más tarde, sometida a altibajos, la palabra “pueblo” recuperó vigencia, pero el populismo la desvirtuó.

En el caso de Salta, los términos “población”, “ciudadano” y “pueblo” fueron sustituidos principalmente por dos: “la gente” y “los salteños”, palabras de las que los políticos y los medios hacen uso y abuso con insistencia. Decir “la gente” es otra manera de diluir en una marea impersonal a los ciudadanos los que, reducidos a un conglomerado colectivo, se desdibujan como personas y ven esfumarse sus derechos individuales. Decir “la gente” es, también, un  modo de diferenciarse de esa masa percibida como gris y amorfa, colocándose por encima de ella, por tener más poder.

Designar a los ciudadanos como “la gente” es otro modo de degradar su condición de ciudadanos o de reducir sus derechos a los que tiene como votante. El ciudadano se transforma en “gente” y, por esta camino, es rebajado a la condición de parte de la clientela electoral o de un séquito político, en el que el sometimiento trae consigo más obligaciones hacia al “superior”, que beneficios o protección otorga ese “superior” a su pasiva y obediente clientela.    

El especialista argentino Osvaldo Alfredo Dallera, estudió el tema en su libro “¿Quién es ‘La gente’?” Para responder esta pregunta abrió otras: “¿A quiénes se refieren los políticos cuando reclaman la atención o los favores de ‘La gente’?. ¿A quiénes incluimos cuando decimos La gente y quiénes se excluyen?”. Es posible ese uso y abuso que se hace en Salta de la expresión “La gente” sea más inconsciente que deliberado o intencional. Cuando se habla de “La gente”, se identifica esa categoría con una mayoría electoral. Los que no pertenecen al conglomerado de “La gente”, son miembros de minorías a los que, por serlo, se ignoran o rechazan por neutrales o “enemigos”.

Aunque ese uso no fuera consciente, que repitiendo la expresión la “La gente”, se está logrando otra vez marginar o borrar al “ciudadano”, al que se convierte en un nombre con  un número de Documento Nacional de Identidad en el padrón electoral, del que solo se espera la fidelidad de un voto en cada elección. La gente es “un objeto históricamente considerado menor”. Dice Alain Touraine que la “ciudadanía ya no puede identificarse con la conciencia nacional”. Añade: “la ciudadanía no es la nacionalidad”, o no es solo la nacionalidad como vínculo jurídico. “La nacionalidad crea una solidaridad de los deberes, la ciudadanía da derechos”.    

Otro tanto ocurre cuando se transforma a los ciudadanos en “los salteños”. ¿Qué es ser salteño? ¿Haber nacido aquí? ¿Acaso sólo el “orgullo” de serlo? ¿Tal vez sentir la pertenencia a una tradición local? Que sepamos, no hay una “ciudadanía salteña”. Nuestra ciudadanía es la Argentina, no la de ninguna provincia en particular. Cuando, en una generalización tan torpe como antipática, se dice “nosotros los salteños”, ¿se está excluyendo a los miles de ciudadanos argentinos que residen en Salta, pero que no nacieron en Salta pero residen de forma transitoria o permanente aquí? ¿Acaso no se está ignorando que en una democracia la pertenencia se define “por unos derechos y unas garantías”, antes que por vínculos afectivos? Ese colectivo, “los salteños”, suena a patriotismo excluyente, demagógico y localista.

Según los manuales la ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad. Si la ciudadanía remite a un proceso histórico, siempre se hablará de una construcción de ciudadanía y de que haya también una reconstrucción constante de esa ciudadanía. “La ciudadanía es la expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la que participa”. En la tradición occidental el ciudadano es un conjunto de atributos legales y a la vez un miembro de la comunidad política”, explica un autor.

Conviene recordar lo que señala Robert Dahl: “La democracia no es únicamente un procedimiento de gobierno. Dado que los derechos son elementos necesarios de las instituciones políticas democráticas, la democracia es también intrínsecamente un sistema de derechos (…) Para satisfacer las exigencias de la democracia, los derechos que le son inherentes deben estar efectivamente a disposición de sus ciudadanos (…) Los derechos deben hacerse verdaderamente efectivos y estar efectivamente a disposiciones de los ciudadanos en la práctica”. Y concluye: “los adornos de ‘democracia’ son una mera fachada para un gobierno no democrático”.

En octubre de 2014 Alain Touraine señaló que no serán los movimientos sociales los que salven la democracia, “sino más bien cada individuo, decidido a defender sus derechos”. Porque el poder se vuelve absoluto, señaló, el movimiento de oposición “-del que puede nacer una vida social y política nueva- debe comenzar de una afirmación absoluta del sujeto y sus derechos universales: el derecho a la libertad, a la igualdad, a la dignidad”.

La libertad de la Patria no debe ser la negación de la libertad individual, advirtió Alberdi en 1880, cuando denunció a la omnipotencia del Estado como la negación de la libertad individual. En los tiempos que corren, esa omnipotencia del Estado se transfiguró en prepotencia de gobernantes que controlan el Estado como patrimonio personal. En democracia ninguna política debe hacerse a expensas de la libertad. La dolorosa experiencia argentina demuestra que la Argentina no se realizará si sus ciudadanos no se realizan en libertad. 

Reivindicar la ciudadanía y reivindicarnos ciudadanos es mucho más que recuperar el sentido y el valor de la ciudadanía y el de los ciudadanos. El deterioro de la democracia y de sus instituciones en la Argentina se expresa en la caída en desuso de la palabra “ciudadano”, y también en su reemplazo por “la gente” o “los salteños”. “La gente” es un colectivo sin rostro y sin derechos: es un número de DNI en el padrón electoral y es un miembro más de una dócil clientela política. El ciudadano es una persona libre, portadora y titular de derechos que tiene deberes con la sociedad. La vigencia de las libertades ciudadanas, la restitución de los valores de la Constitución Nacional, el respeto a las leyes, la reconstrucción de las instituciones son las nuevas bases de la regeneración de la política argentina -