No se tiene demasiada certeza que aquella consigna: “El pueblo quiere saber...” fuera gritada por los criollos durante los sucesos de mayo de 1810; en cambio existe plena evidencia respecto de que la libertad de imprenta fue otorgada al pueblo por vez primera al año siguiente por el Estatuto de 1811, flamante derecho que evolucionó y es hoy el derecho a la información: poder opinar, conocer y preguntar libremente. Tan natural es ese ejercicio que hasta en el fútbol resulta habitual una conferencia de prensa del técnico con los periodistas después de cada partido de cierta relevancia. Es impensable que un director técnico rehuya invariablemente de hacerse cargo de las preguntas, responsabilidad que forma parte de sus deberes.
Algo similar ocurre en la política, los dirigentes tienen deberes y uno de ellos consiste -aquí y en todo el mundo democrático- en habilitar los espacios destinados para contestar los interrogantes de la prensa, orientada a conocer de boca de los responsables el porqué, el cómo o el cuándo de las acciones -o de las omisiones- de la gestión de gobierno.
Ese saludable ejercicio ya no se practica aquí a nivel presidencial: desde hace casi una década tanto el fallecido presidente Kirchner como su sucesora le han esquivado el bulto al periodismo de una manera sistemática, rayana en la cobardía política, disimulada apelando a varias explicaciones y adobada con recurrentes ataques al periodismo. Esta tirria morbosa fue elevada a categoría de principio general: “Los periodistas ya no son intermediarios necesarios”, como afirmó el exsecretario de Medios Enrique “Pepe” Albistur a un diario en 2007. Albistur fue funcionario de ambos Kirchner. La titular del Poder Ejecutivo, al igual que su antecesor, solo comunica hechos de su gestión durante actos públicos que no admiten preguntas. El vicepresidente de la Nación tampoco las permite, aun en las ruedas de prensa que convoca para dar explicaciones sobre hechos poco claros.
Sin embargo, la prensa es una intermediaria, no exclusiva pero sí informal y necesaria. El escritor Hans Magnus Enzenberger señaló una paradoja política: a mayor responsabilidad política mayor encapsulamiento del funcionario, que tendrá vuelos especiales, rutas liberadas, escoltas, helicópteros, guardaespaldas y apretadas agendas sin tiempos para escuchar al ciudadano de a pie. A mayor encumbramiento menos conoce de primera mano el político los temas básicos de la vida real: el precio del tomate, los problemas de viajar en ómnibus, el saber descifrar trámites municipales para cumplir con la burocracia que le permita pagar una multa.
Es entonces cuando la pregunta en rueda de prensa puede descubrir tanto los problemas de la vida cotidiana como los temas que la ciudadanía quiere conocer en detalle sobre la gestión de gobierno. Es gracias a la prensa libre que la opinión pública, no solo argentina, conoció graves sucesos como la valija con 800 mil dólares, los negocios que vinculan a la familia del gobierno con los Eskenazi, Cirigliano o con Cristóbal López, las causas de la tragedia de Once, la censura larvada en la ley de Papel Prensa, el affaire Ciccone-Boudou, por citar escasos ejemplos.
Los periodistas extranjeros, por su parte, no son embajadores, pero trabajan para lograr que otros pueblos conozcan lo mejor posible cómo es el país enviando sus crónicas, que pueden o no coincidir con las de los discursos oficiales. Y al igual que sus colegas argentinos, ellos quiere conocer, enterarse, saber sobre la actualidad, pero no de un modo unidireccional, con esa versión única que llega certificada desde el atril.
Hoy la divisa del cristinismo -“Vamos por todo”- parece poner en la bolsa también a la prensa libre. Los indicios son cada vez más graves. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pocos días atrás dio a conocer un documento en el que se señala el hostigamiento gubernamental hacia la prensa en Argentina, utilizando la publicidad estatal o los discursos para acusar, con nombre y apellido, a periodistas o la falta de sanción de leyes sobre el acceso a la información pública y la publicidad oficial.
De no cesar esos desvaríos autoritarios, una carta abierta como la publicada por la senadora Estenssoro el miércoles 25 de abril, de descarnado contenido, sobrio estilo y fundamentadas reflexiones, en poco tiempo más no podrá llegar a la ciudadanía, no por haber censura previa sino porque ya no habrá papel. No al menos para determinados diarios, esos que comunican lo que este gobierno quiere que callen.
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