Ricardo Alonso, doctor en ciencias geológicas, El Tribuno, 25 Jul 2011
La naturaleza geográfica y geológica de Salta da lugar a una enorme abundancia de rodados y partículas arrastradas por los ríos que son de gran valor como materiales de construcción. En las distintas unidades geomorfológicas de los Andes del norte argentino como son la Puna, la Cordillera Oriental, las Sierras Subandinas y la Llanura Chaqueña se despliegan toda clase de ríos que drenan desde las altas montañas occidentales en dirección a las llanuras orientales. Profundos cañones y quebradas, valles, torrentes, ríos y arroyos, arrastran en sus cauces los materiales erosionados de las montañas y los transportan aguas abajo, buscando su destino final en el océano Atlántico.
Las fuerzas endógenas o interiores del planeta están empujando hacia arriba el edificio andino, mientras que las fuerzas exógenas o exteriores tratan de destruir los relieves construidos. Esta titánica lucha, que cruza los tiempos geológicos, está hoy activa. Los sismos nos recuerdan que el empuje montañoso continúa; en nuestro caso, producto de la interacción entre la placa oceánica de Nazca y la placa continental Sudamericana. La lluvia, el viento, los hielos y ciertos elementos de la biota trabajan meteorizando los relieves, erosionando y transportando gravitatoriamente las partículas. Las rocas estallan cuando se calientan durante el día y se enfrían durante la noche y este fenómeno es más intenso cuanto mayor sea la amplitud térmica. El agua se congela en los poros de las rocas y estas se rompen por la presión del hielo. La sal y otras sustancias químicas corroen las superficies rocosas; mientras que las raíces de las plantas y las cuevas de animales hacen también su trabajo de destrucción química o biológica. El agua tiene el enorme poder de oxidar los minerales metálicos y alterar a otros, convirtiéndolos en sustancias pulverulentas fáciles de transportar. Un mineral muy común y altamente difundido como la pirita, que es simplemente sulfuro de hierro, se transforma en óxidos e hidróxidos de hierro y libera además ácido sulfúrico, un corrosivo químico altamente efectivo en la descomposición de las rocas. Los feldespatos, minerales comunes en las rocas graníticas y volcánicas, se transforman en arcillas.
Desde las altas montañas, las rocas desnudas sometidas a los agentes meteóricos comienzan su trabajo de liberación de bloques que, al quedar sin sustento, ruedan pendiente abajo. Si pudiéramos seguir virtualmente su recorrido veríamos que la “razón de ser” de cada grano es alcanzar su objetivo último en el océano. Todos nuestros ríos convergen en el Paraná y el Paraná en el océano Atlántico, donde este descarga los sedimentos formando un enorme delta. Delta que se construyó en gran parte a partir de la destrucción de las montañas andinas del noroeste argentino.
Las montañas de Salta y Jujuy están formadas por rocas de la mayoría de los tiempos geológicos, desde el Precámbrico unos 600 millones de años atrás y que son las más viejas, pasando por rocas de las eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Dentro de ese lapso de tiempo geológico se han formado rocas ígneas, tanto plutónicas (granitos), como volcánicas (andesitas, basaltos, riolitas); rocas metamórficas (pizarras, esquistos, gneises); y rocas sedimentarias (conglomerados, areniscas, arcillitas, calizas, yeso, sal), por citar unos pocos ejemplos. Las rocas volcánicas abundan a lo largo y ancho de la Puna. Las rocas graníticas conforman algunos de los grandes cerros como el Nevado de Cachi, el Acay, el Chañi, el Aguilar y la sierra de Cañani, en Santa Victoria. Las rocas metamórficas colindan la mayoría de las serranías al oeste del Valle Calchaquí. Las rocas sedimentarias están profusamente distribuidas en las sierras y serranías de la Cordillera Oriental y Sierras Subandinas y representadas por las cuarcitas rosadas de la Sierra de Mojotoro, las areniscas rojas de los Valles Calchaquíes, las calizas amarillas de la Formación Yacoraite, profusamente presentes en cada rincón de la geografía del NOA (ej., sierras de Rosario de la Frontera, Metán, Lumbreras, Cabra Corral, Maimará, etc.).
Sería imposible enumerar la variedad de formaciones rocosas de origen sedimentario presentes en la región y que cubren ampliamente los periodos Precámbrico, Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, Pérmico, Cretácico y Terciario. La máquina de moler rocas que es la naturaleza, esa gigantesca trituradora que desgasta las montañas, va liberando paulatinamente materiales que bajan a los cauces de los ríos desde las laderas en erosión y desde allí son transportados corriente abajo. Los materiales más gruesos van quedando en las cabeceras de las montañas y los más finos son arrastrados mecánicamente o bien disueltos químicamente en las aguas. Basta recorrer las nacientes de los ríos que drenan al Valle de Lerma para descubrir desde grandes bloques, pasando aguas abajo por gravas gruesas, medianas y finas, y aún más abajo arenas gruesas, medianas y finas, hasta el depósito de materiales muy finos como enlame, limos y arcillas. Si las aguas son ligeramente salobres se puede ver una fina costra blanquecina pulverulenta de salitre, tal como ocurre en el río Calchaquí y en forma exagerada en la Puna, donde las aguas son directamente salobres a saladas. La forma y distribución de los rodados y partículas rocosas va a depender del régimen hidráulico de la corriente, del tramo del río en su sector de montaña o de llanura, de la pendiente, de los materiales de aporte y de otros aspectos. Los materiales que se extraen de los ríos o de viejas terrazas o de antiguos cauces para su uso en la construcción reciben el nombre de áridos. Los principales ríos que se explotan para áridos en Salta y que se encuentran bajo fiscalización técnica y ambiental, según la Secretaría de Minería provincial, son: en el departamento La Caldera, los ríos Caldera, Mojotoro y Vaqueros; en el departamento Rosario de Lerma, los ríos Toro y Rosario; en el departamento Anta, los ríos Juramento, Del Valle y Cantera Seca (cantera fuera de cauce); en el departamento Orán, los ríos Blanco, Pescado y Colorado; en el departamento Rosario de la Frontera, los ríos Horcones, Rosario, Las Cañas y Las Conchas; en el departamento Metán, los ríos Metán, Metán Viejo y Cantera Seca (fuera de cauce); el río Arenales (Capital); y el río Tartagal en el departamento homónimo. Una explotación correcta involucra el cumplimiento respecto a la extracción de material en el tercio medio del cauce, la acumulación de descartes en forma continua en ambos márgenes del río y el mantenimiento y limpieza del cauce, según establecen las normativas sobre extracción de áridos actualmente vigentes. Las calidades de los áridos varían grandemente de un río a otro. Las gravas del río Toro son completamente distintas a las gravas del río Vaqueros, aun cuando ambos drenan la misma cadena montañosa al occidente del Valle de Lerma. Más allá de los tecnicismos, lo importante es que los ríos de Salta se encuentran “aluvionando”, es decir, sus cauces están subiendo el nivel por la incapacidad de transportar el grueso de los materiales que reciben. Cuantos más materiales se extraigan, mejor. Las inundaciones y la vida útil de puentes y defensas dependen en gran parte de ello.
Pensando el futuro regional desde el disenso. Las ideas expresadas son exclusiva responsabilidad de los autores. De ninguna manera reflejan una opinión grupal, colectiva ni tampoco del administrador del Grupo.
lunes, 25 de julio de 2011
jueves, 14 de julio de 2011
Señalización mortal
ARMANDO J. FREZZE, Abogado, ex juez de la Corte de Justicia de Salta, El Tribuno, 13 jul 2011
La seguridad vial requiere de una buena señalización y se resiente fuerte cuando no la hay.
Una vez más la realidad superó la ficción. Porque resulta impensable que en pleno siglo XXI funcionarios públicos y empresarios viales, ignorando la ley, permitan una señalización vial más propia de la primera mitad del siglo pasado que del actual.
Impensable porque Salta tiene un alto índice de alfabetización y numerosos medios de comunicación: radios, diarios, semanarios y canales de televisión por cable en todas las localidades de cierta importancia, elementos que les permiten a los ciudadanos conocer qué ocurre aquí y en el mundo.
Entre esas informaciones está la relacionada con la seguridad vial y la normativa que la rige. Tiene su propia ley de educación de seguridad vial, a lo que se suman los cursos que continuamente se dictan en los municipios sobre el tema, la acción informativa que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los foros de intendentes, reuniones del Consejo de Seguridad Vial, congresos, jornadas y otro sinfín de actividades enderezadas al mismo propósito.
Por esos medios la comunidad conoce -como también los funcionarios y los empresarios del rubro de la construcción vial- que la seguridad vial requiere de una buena señalización y se resiente cuando no la hay. ¿Cuál es la mala señalización? Para el caso de lugares de circulación restringida por motivo de reparaciones o construcciones, son las señalizaciones que no eliminan ni atenúan el peligro de accidente.
Esto no es nuevo, son palabras usadas en el decreto de necesidad y urgencia N§ 692 dictado durante la presidencia Menem hace 19 años, después de la terrible Semana Santa de 1992, durante la cual murieron casi medio centenar de personas por fatalidades viales.
En la ciudad de Salta, dos años antes la ordenanza N§ 5843 ya había establecido, casi con idénticas palabras que aquel decreto, las correctas maneras de señalizar y la ordenanza 6546 se adhirió al decreto en 1992.
Poco más tarde, el nuevo Código de Tránsito Municipal (ordenanza 9987) sancionó una normativa igual pero añadió al texto, de un modo explícito, que estaba prohibida “la instalación de elementos extraños en la calzada y que por sus características atenten contra la seguridad del usuario de la vía pública”.
Frente a todo este escenario normativo y administrativo resulta inverosímil que al día de hoy algunas de las varias partes involucradas y con responsabilidad en seguridad vial hayan causado en General Ballivián la muerte de un conductor, al colocar como elemento de señalización un tacho de doscientos litros rellenado con piedras, que al ser embestido causó la fatalidad.
Ese aborrecible suceso hubiese sido totalmente evitable si los órganos de control hubiesen actuado con diligencia, obligando a quien colocó la monstruosa señal a reemplazarla por otra que cumpliera con las normas de la ley nacional de Tránsito cuyo decreto reglamentario N 779/95 legisló el Sistema de Señalización Uniforme, que para las construcciones viales regula señalizadores como vallas, conos, dispositivos luminosos, tambores, etc. Sin embargo, advierte que tales elementos deben poseer características que minimicen los riesgos ante eventuales colisiones y ser fabricados en materiales que permitan soportar el impacto sin dañar a los vehículos.
No es la primera vez que las omisiones administrativas que corresponden a los otros actores que pueden integrar un accidente vial, actores generalmente no controlados por la autoridad- producen muertes en la provincia por demarcación insuficiente o contraria a la ley.
En Salta capital, donde circula el mayor porcentaje de automotores de la provincia, la demarcación peligrosa con escombros y trozos de pavimento es el pan de cada día. Las roturas de los automotores que los embisten también.
En el caso que se comenta que el lugar del hecho haya sido una ruta nacional y la norma incumplida hacen tan responsables a la empresa que colocó el obstáculo mortal como a los organismos de jurisdicción nacional con facultades de control sobre las rutas.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por ley en abril de 2008 por una iniciativa de la Presidencia de la Nación y que debe coordinar el conjunto de acciones y actores con el fin de reducir el 50% de la mortalidad por siniestros viales en un plazo de cinco años, no ha alcanzado el objetivo según la evolución de las estadísticas en estos tres años.
En todo caso, a juzgar por lo que sucede en las rutas argentinas, la Agencia, a pesar de su cuantioso presupuesto, parece haber perdido el rumbo.
La seguridad vial requiere de una buena señalización y se resiente fuerte cuando no la hay.
Una vez más la realidad superó la ficción. Porque resulta impensable que en pleno siglo XXI funcionarios públicos y empresarios viales, ignorando la ley, permitan una señalización vial más propia de la primera mitad del siglo pasado que del actual.
Impensable porque Salta tiene un alto índice de alfabetización y numerosos medios de comunicación: radios, diarios, semanarios y canales de televisión por cable en todas las localidades de cierta importancia, elementos que les permiten a los ciudadanos conocer qué ocurre aquí y en el mundo.
Entre esas informaciones está la relacionada con la seguridad vial y la normativa que la rige. Tiene su propia ley de educación de seguridad vial, a lo que se suman los cursos que continuamente se dictan en los municipios sobre el tema, la acción informativa que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los foros de intendentes, reuniones del Consejo de Seguridad Vial, congresos, jornadas y otro sinfín de actividades enderezadas al mismo propósito.
Por esos medios la comunidad conoce -como también los funcionarios y los empresarios del rubro de la construcción vial- que la seguridad vial requiere de una buena señalización y se resiente cuando no la hay. ¿Cuál es la mala señalización? Para el caso de lugares de circulación restringida por motivo de reparaciones o construcciones, son las señalizaciones que no eliminan ni atenúan el peligro de accidente.
Esto no es nuevo, son palabras usadas en el decreto de necesidad y urgencia N§ 692 dictado durante la presidencia Menem hace 19 años, después de la terrible Semana Santa de 1992, durante la cual murieron casi medio centenar de personas por fatalidades viales.
En la ciudad de Salta, dos años antes la ordenanza N§ 5843 ya había establecido, casi con idénticas palabras que aquel decreto, las correctas maneras de señalizar y la ordenanza 6546 se adhirió al decreto en 1992.
Poco más tarde, el nuevo Código de Tránsito Municipal (ordenanza 9987) sancionó una normativa igual pero añadió al texto, de un modo explícito, que estaba prohibida “la instalación de elementos extraños en la calzada y que por sus características atenten contra la seguridad del usuario de la vía pública”.
Frente a todo este escenario normativo y administrativo resulta inverosímil que al día de hoy algunas de las varias partes involucradas y con responsabilidad en seguridad vial hayan causado en General Ballivián la muerte de un conductor, al colocar como elemento de señalización un tacho de doscientos litros rellenado con piedras, que al ser embestido causó la fatalidad.
Ese aborrecible suceso hubiese sido totalmente evitable si los órganos de control hubiesen actuado con diligencia, obligando a quien colocó la monstruosa señal a reemplazarla por otra que cumpliera con las normas de la ley nacional de Tránsito cuyo decreto reglamentario N 779/95 legisló el Sistema de Señalización Uniforme, que para las construcciones viales regula señalizadores como vallas, conos, dispositivos luminosos, tambores, etc. Sin embargo, advierte que tales elementos deben poseer características que minimicen los riesgos ante eventuales colisiones y ser fabricados en materiales que permitan soportar el impacto sin dañar a los vehículos.
No es la primera vez que las omisiones administrativas que corresponden a los otros actores que pueden integrar un accidente vial, actores generalmente no controlados por la autoridad- producen muertes en la provincia por demarcación insuficiente o contraria a la ley.
En Salta capital, donde circula el mayor porcentaje de automotores de la provincia, la demarcación peligrosa con escombros y trozos de pavimento es el pan de cada día. Las roturas de los automotores que los embisten también.
En el caso que se comenta que el lugar del hecho haya sido una ruta nacional y la norma incumplida hacen tan responsables a la empresa que colocó el obstáculo mortal como a los organismos de jurisdicción nacional con facultades de control sobre las rutas.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por ley en abril de 2008 por una iniciativa de la Presidencia de la Nación y que debe coordinar el conjunto de acciones y actores con el fin de reducir el 50% de la mortalidad por siniestros viales en un plazo de cinco años, no ha alcanzado el objetivo según la evolución de las estadísticas en estos tres años.
En todo caso, a juzgar por lo que sucede en las rutas argentinas, la Agencia, a pesar de su cuantioso presupuesto, parece haber perdido el rumbo.
Defendamos el modelo económico, pero ¿cuál es?
JULIO MORENO, Cdor. Público Nacional, El Tribuno de Salta; 14 jul 2011
Después de la crisis de 2001, la economía de nuestro país creció en mayor proporción de lo que lo hacía el resto de Latinoamérica. El modelo llamado de inclusión social se caracterizó por superávit fiscal y comercial y un dólar competitivo, lo que dio como resultado el incremento en casi cinco millones de los puestos de trabajo, que se lograra jubilar a dos millones y medio de personas, y que tres millones y medio de niños y jóvenes menores de edad comenzaran a cobrar un subsidio que les permitió mejorar su calidad de vida y los obligó a continuar con su educación, entre los logros más significativos.
Hoy este modelo apoyado en los tres pilares básicos está agotado, por no decir que no existe, ya que ya no se dispone de superávit fiscal (mayores ingresos que egresos), el superávit comercial (mayores exportaciones que importaciones) cada día es menor y el tipo de cambio cada vez protege menos la producción nacional.
Hasta 2008 existió un superávit fiscal alto que llegaba al 3% del producto bruto interno (PBI). El Gobierno disponía de recursos para pagar las deudas y comprar dólares sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitiera dinero. De esta forma se mantenía el tipo de cambio en niveles altos con el objeto de defender el empleo y mantener el saldo comercial elevado.
Con el excesivo incremento del gasto público durante 2010 y 2011, el superávit fiscal se transformó en déficit (mayores gastos que ingresos), al llegar al 0,4% del PBI.
Hoy el Gobierno, como no dispone de recursos genuinos para hacer frente al excesivo gasto público y defender el tipo de cambio, el BCRA emite dinero para cubrir estas necesidades y como la emisión es superior a lo técnicamente correcto, genera inflación, es decir, lo que antes se pagaba con los impuestos que se recaudaban hoy se emite dinero para hacer frente a estos compromisos. ¿Será este el modelo?
Los componentes
Son dos los componentes monetarios que se analizan al estudiar la oferta de dinero, por un lado la creación de dinero y la cantidad de créditos y subsidios que se conceden, recordando que la emisión monetaria y los créditos acordados no deben ser superiores al incremento del PBI (es decir, al crecimiento de la economía) para que no se genere inflación. Como dato ilustrativo observamos que los agregados monetarios en un año hasta el mes de junio pasado crecieron el 38% y el PBI lo hizo al 7%.
Muchos analistas entienden que aunque el modelo de crecimiento no se mantenga, se debe priorizar el actual papel del Estado en la economía, rescatando los logros obtenidos y defendiendo el modelo de inclusión social, sin detenerse mucho en los subsidios mal otorgados o no controlados, el aumento de la pobreza por la inflación, la falta de combustibles por no haber planificado el desarrollo o porque se les cobra impuestos a los productos alimenticios de primera necesidad, etcétera.
No le sirve la inflación
Lo que sí está claro es que el Gobierno con lo que antes pagaba sus deudas con superávit fiscal (impuestos cobrados), hoy lo hace con inflación. Recordando lo perjudicial que es para nuestros bolsillos y la pérdida de competitividad de nuestros productos, entre otras tantas desventajas que produce este aumento permanente de los precios, nos preguntamos: ¿es bueno o malo hacerlo como se está haciendo?
Actualmente esta ecuación cierra en la medida que se controle la inflación, estimando que tampoco bajará hasta tanto el Gobierno logre disminuir el exceso del gasto público, aumente la recaudación de sus impuestos o exista mayor inversión para cubrir el exceso de demanda, tarea que no es menor y requiere de un costo político alto que entiendo en los próximos meses no está dispuesto a asumir.
Otra forma de cubrir el exceso de gastos del Gobierno es a través de la obtención de créditos en el exterior, pero como aún no salimos del default es muy difícil conseguir o tener acceso a los mercados financieros.
¿Qué necesitamos?
Es evidente que actualmente las conjeturas que desde la economía pronostican ajustes pos-
eleccionarios son muchas; algunos pronostican devaluaciones, diminución de los gastos del Gobierno, entiéndase subsidios, obras públicas, etcétera.
Sea quien sea el que gane las elecciones en octubre o en segunda vuelta tendrá que evaluar los actuales gastos del Gobierno, entre ellos: a) los subsidios otorgados por sectores, es decir, a quién beneficiar o a quiénes no. Por ejemplo, los elevados montos entregados al consumo del gas y combustibles, que al no permitirse un aumento en sus precios se ha ocasionado que no se exploren ni exploten nuevos yacimientos por no haber planificado; b) los subsidios otorgados personalizados, para que realmente los reciban quienes los necesiten; c) las obras públicas para que se realicen en función de prioridades y con objetivos estipulados anteriormente; y d) mejorar los controles de los subsidios otorgados.
Con respecto a los que se animan a pronosticar grandes devaluaciones, entiendo que no debemos arriesgarnos a afirmarlo, ya que los desequilibrios en materia de precios internacionales para que nuestros productos sean competitivos se pueden solucionar con subsidios para promover determinadas exportaciones y con retenciones que ya conocemos para solucionar cualquier desequilibrio respecto a los precios en el mercado interno.
Lo importante será generar mayores inversiones, pero para ello es necesario crear condiciones de estabilidad y seguridad jurídica, esto servirá para disminuir el desempleo, para que la pobreza no sea un castigo y para que la redistribución de la riqueza sea real y no un anhelo. ¿Podremos lograrlo?
Después de la crisis de 2001, la economía de nuestro país creció en mayor proporción de lo que lo hacía el resto de Latinoamérica. El modelo llamado de inclusión social se caracterizó por superávit fiscal y comercial y un dólar competitivo, lo que dio como resultado el incremento en casi cinco millones de los puestos de trabajo, que se lograra jubilar a dos millones y medio de personas, y que tres millones y medio de niños y jóvenes menores de edad comenzaran a cobrar un subsidio que les permitió mejorar su calidad de vida y los obligó a continuar con su educación, entre los logros más significativos.
Hoy este modelo apoyado en los tres pilares básicos está agotado, por no decir que no existe, ya que ya no se dispone de superávit fiscal (mayores ingresos que egresos), el superávit comercial (mayores exportaciones que importaciones) cada día es menor y el tipo de cambio cada vez protege menos la producción nacional.
Hasta 2008 existió un superávit fiscal alto que llegaba al 3% del producto bruto interno (PBI). El Gobierno disponía de recursos para pagar las deudas y comprar dólares sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitiera dinero. De esta forma se mantenía el tipo de cambio en niveles altos con el objeto de defender el empleo y mantener el saldo comercial elevado.
Con el excesivo incremento del gasto público durante 2010 y 2011, el superávit fiscal se transformó en déficit (mayores gastos que ingresos), al llegar al 0,4% del PBI.
Hoy el Gobierno, como no dispone de recursos genuinos para hacer frente al excesivo gasto público y defender el tipo de cambio, el BCRA emite dinero para cubrir estas necesidades y como la emisión es superior a lo técnicamente correcto, genera inflación, es decir, lo que antes se pagaba con los impuestos que se recaudaban hoy se emite dinero para hacer frente a estos compromisos. ¿Será este el modelo?
Los componentes
Son dos los componentes monetarios que se analizan al estudiar la oferta de dinero, por un lado la creación de dinero y la cantidad de créditos y subsidios que se conceden, recordando que la emisión monetaria y los créditos acordados no deben ser superiores al incremento del PBI (es decir, al crecimiento de la economía) para que no se genere inflación. Como dato ilustrativo observamos que los agregados monetarios en un año hasta el mes de junio pasado crecieron el 38% y el PBI lo hizo al 7%.
Muchos analistas entienden que aunque el modelo de crecimiento no se mantenga, se debe priorizar el actual papel del Estado en la economía, rescatando los logros obtenidos y defendiendo el modelo de inclusión social, sin detenerse mucho en los subsidios mal otorgados o no controlados, el aumento de la pobreza por la inflación, la falta de combustibles por no haber planificado el desarrollo o porque se les cobra impuestos a los productos alimenticios de primera necesidad, etcétera.
No le sirve la inflación
Lo que sí está claro es que el Gobierno con lo que antes pagaba sus deudas con superávit fiscal (impuestos cobrados), hoy lo hace con inflación. Recordando lo perjudicial que es para nuestros bolsillos y la pérdida de competitividad de nuestros productos, entre otras tantas desventajas que produce este aumento permanente de los precios, nos preguntamos: ¿es bueno o malo hacerlo como se está haciendo?
Actualmente esta ecuación cierra en la medida que se controle la inflación, estimando que tampoco bajará hasta tanto el Gobierno logre disminuir el exceso del gasto público, aumente la recaudación de sus impuestos o exista mayor inversión para cubrir el exceso de demanda, tarea que no es menor y requiere de un costo político alto que entiendo en los próximos meses no está dispuesto a asumir.
Otra forma de cubrir el exceso de gastos del Gobierno es a través de la obtención de créditos en el exterior, pero como aún no salimos del default es muy difícil conseguir o tener acceso a los mercados financieros.
¿Qué necesitamos?
Es evidente que actualmente las conjeturas que desde la economía pronostican ajustes pos-
eleccionarios son muchas; algunos pronostican devaluaciones, diminución de los gastos del Gobierno, entiéndase subsidios, obras públicas, etcétera.
Sea quien sea el que gane las elecciones en octubre o en segunda vuelta tendrá que evaluar los actuales gastos del Gobierno, entre ellos: a) los subsidios otorgados por sectores, es decir, a quién beneficiar o a quiénes no. Por ejemplo, los elevados montos entregados al consumo del gas y combustibles, que al no permitirse un aumento en sus precios se ha ocasionado que no se exploren ni exploten nuevos yacimientos por no haber planificado; b) los subsidios otorgados personalizados, para que realmente los reciban quienes los necesiten; c) las obras públicas para que se realicen en función de prioridades y con objetivos estipulados anteriormente; y d) mejorar los controles de los subsidios otorgados.
Con respecto a los que se animan a pronosticar grandes devaluaciones, entiendo que no debemos arriesgarnos a afirmarlo, ya que los desequilibrios en materia de precios internacionales para que nuestros productos sean competitivos se pueden solucionar con subsidios para promover determinadas exportaciones y con retenciones que ya conocemos para solucionar cualquier desequilibrio respecto a los precios en el mercado interno.
Lo importante será generar mayores inversiones, pero para ello es necesario crear condiciones de estabilidad y seguridad jurídica, esto servirá para disminuir el desempleo, para que la pobreza no sea un castigo y para que la redistribución de la riqueza sea real y no un anhelo. ¿Podremos lograrlo?
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