En el régimen de promoción industrial que regía en el país se había establecido, entre otras cosas, que las industrias que se establezcan en las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan quedaban exentas de pagar el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. La Ley 22.021 fue promulgada en 1979 y solamente otorgaba estos beneficios a la provincia de La Rioja. Luego, entre 1982 y 1983 se sancionó la extensión y vigencia del régimen de promoción fiscal para Catamarca, San Luis y San Juan.
La medida contribuyó al desarrollo de estas provincias, instalándose nuevas fábricas. Permitió además la ampliación de la estructura productiva y el equipamiento de los establecimientos locales, pero también contribuyó a que una cantidad importante de empresas radicadas especialmente en provincias limítrofes, migrara a estas regiones, perjudicando el desarrollo industrial de las que no gozaban de este beneficio.
Beneficios para unas...
Provincias como La Pampa y Mendoza, entre otras, fueron las más perjudicadas con este régimen. También las que fijaron la posición de no querer que se prorroguen los beneficios para unos pocos, que nuevamente iban a perjudicar a las que no fueron incluidas en el régimen de promoción industrial.
La Pampa tiene solo el 8% de su tierra con alta y media aptitud agrícola, por lo cual exige avanzar en una estructura con fuerte peso industrial. Sus gobernantes expresaron que es una provincia agropecuaria con escaso desarrollo industrial, en gran medida por la aplicación de estas leyes discriminatorias.
En la provincia de Mendoza, al saber que el fin de la promoción industrial era un hecho, el gobernador Pérez reunió a más de 60 representantes del sector productivo, industrial y sindical local y sugirió “plantear un modelo superador” para que Mendoza sea competitiva por sí misma. “Hay 11 parques industriales proyectados y estamos trabajando en la infraestructura para que invertir en Mendoza sea atractivo”.
Además de recordar que lo más importante que tiene Mendoza es su recurso humano altamente capacitado por sus 7 universidades y sus 70 escuelas técnicas, Pérez agregó que están desarrollando un polo TIC (Tecnología, información y comunicación) con 40 empresas dedicadas al desarrollo de software mendocino.
Las provincias vecinas están contentas con el fin de este Régimen de Promoción Industrial, ya que es un logro importante para ellas. Pero es también un desafío, ya que a partir de la igualdad de condiciones queda por ver si la infraestructura, el peso de cada provincia en el contexto nacional y las herramientas que cada jurisdicción pueda ofrecer sirven para atraer inversiones, ya que no tienen la excusa de estas exenciones.
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, molesto con las declaraciones de su par de Mendoza con relación a la promoción industrial, pidió en una entrevista a una radio local “que no sea como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Hay que trabajar juntos”. Y agregó: “Usted tiene que profundizar donde hay más desigualdad con las medidas que tome. Creo que hay que hacer una ley de promoción económica para el país”.
Las provincias beneficiadas con este régimen trataron de prorrogarlo pero no tuvieron éxito y, ante la extinción del mismo, desde la Casa Rosada se intentó llevar tranquilidad a los gobernadores, empresarios y sindicalistas. Puntualmente, indicaron que el régimen será reemplazado por beneficios que serán aplicados “empresa por empresa”.
Ante el temor de que se pierdan fuentes de trabajo, la ministra de Industria Débora Giorgi repitió lo que la Presidenta aseguró hace unos meses: “Nadie perderá el trabajo”.
Los costos del régimen
Recientemente el Consejo Empresario Mendocino (CEM) actualizó un trabajo que realizó en 1999 en donde se identificaban y estimaban las consecuencias para el país y para Mendoza de los regímenes de promoción de las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis, que impulsaron la relocalización de la inversión industrial utilizando mecanismos de diferimientos y de exención de impuestos, tanto al empresario inversionista como al propio proyecto.
Esta actualización se realizó porque el Poder Ejecutivo de la Nación, mediante el decreto N§ 699 del 20 de mayo de 2010, prorrogó el régimen de promoción industrial que beneficiaba a estas cuatro provincias hasta el año 2027. Esta prórroga, sin embargo, no se aplicó porque finalmente no fue reglamentado por Cristina de Kirchner.
Además, la aplicación de este decreto fue suspendido por una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que admitió un recurso extraordinario interpuesto por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (Mendoza) contra el polémico decreto. Ahora cabe esperar que el caso finalmente se resuelva en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También La Pampa expresó su rechazo a esta prórroga.
Los resultados del trabajo del CEM que fueron utilizados en la última presentación judicial de la entidad sanrafaelina son impactantes. Entre los más importantes citamos:
1) El valor actualizado al año 2010 neto del costo efectivamente incurrido por el régimen de promoción alcanzó los $179.152 millones, equivalente al 12,4% del PBI de la Argentina. La cifra representa el 27,4% de la deuda pública del sector público nacional y el 43,4% del gasto público nacional para ese mismo año.
2) Si el Gobierno no hubiera “donado” el dinero que invirtió en los proyectos promovidos, el país entero hubiera ahorrado el equivalente a $ 120.000 millones, con lo que se podría haber construido 40.000 kilómetros de rutas o alrededor de 30.000 escuelas
Ahora, ante la igualdad de condiciones en todas las provincias, el desafío es establecer mayores ventajas competitivas para atraer inversiones que generen puestos de trabajo genuinos. Salta también juega.
