Áridos en los ríos de Salta

Ricardo Alonso, doctor en ciencias geológicas, El Tribuno, 25 Jul 2011

La naturaleza geográfica y geológica de Salta da lugar a una enorme abundancia de rodados y partículas arrastradas por los ríos que son de gran valor como materiales de construcción. En las distintas unidades geomorfológicas de los Andes del norte argentino como son la Puna, la Cordillera Oriental, las Sierras Subandinas y la Llanura Chaqueña se despliegan toda clase de ríos que drenan desde las altas montañas occidentales en dirección a las llanuras orientales. Profundos cañones y quebradas, valles, torrentes, ríos y arroyos, arrastran en sus cauces los materiales erosionados de las montañas y los transportan aguas abajo, buscando su destino final en el océano Atlántico.
Las fuerzas endógenas o interiores del planeta están empujando hacia arriba el edificio andino, mientras que las fuerzas exógenas o exteriores tratan de destruir los relieves construidos. Esta titánica lucha, que cruza los tiempos geológicos, está hoy activa. Los sismos nos recuerdan que el empuje montañoso continúa; en nuestro caso, producto de la interacción entre la placa oceánica de Nazca y la placa continental Sudamericana. La lluvia, el viento, los hielos y ciertos elementos de la biota trabajan meteorizando los relieves, erosionando y transportando gravitatoriamente las partículas. Las rocas estallan cuando se calientan durante el día y se enfrían durante la noche y este fenómeno es más intenso cuanto mayor sea la amplitud térmica. El agua se congela en los poros de las rocas y estas se rompen por la presión del hielo. La sal y otras sustancias químicas corroen las superficies rocosas; mientras que las raíces de las plantas y las cuevas de animales hacen también su trabajo de destrucción química o biológica. El agua tiene el enorme poder de oxidar los minerales metálicos y alterar a otros, convirtiéndolos en sustancias pulverulentas fáciles de transportar. Un mineral muy común y altamente difundido como la pirita, que es simplemente sulfuro de hierro, se transforma en óxidos e hidróxidos de hierro y libera además ácido sulfúrico, un corrosivo químico altamente efectivo en la descomposición de las rocas. Los feldespatos, minerales comunes en las rocas graníticas y volcánicas, se transforman en arcillas.
Desde las altas montañas, las rocas desnudas sometidas a los agentes meteóricos comienzan su trabajo de liberación de bloques que, al quedar sin sustento, ruedan pendiente abajo. Si pudiéramos seguir virtualmente su recorrido veríamos que la “razón de ser” de cada grano es alcanzar su objetivo último en el océano. Todos nuestros ríos convergen en el Paraná y el Paraná en el océano Atlántico, donde este descarga los sedimentos formando un enorme delta. Delta que se construyó en gran parte a partir de la destrucción de las montañas andinas del noroeste argentino.
Las montañas de Salta y Jujuy están formadas por rocas de la mayoría de los tiempos geológicos, desde el Precámbrico unos 600 millones de años atrás y que son las más viejas, pasando por rocas de las eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Dentro de ese lapso de tiempo geológico se han formado rocas ígneas, tanto plutónicas (granitos), como volcánicas (andesitas, basaltos, riolitas); rocas metamórficas (pizarras, esquistos, gneises); y rocas sedimentarias (conglomerados, areniscas, arcillitas, calizas, yeso, sal), por citar unos pocos ejemplos. Las rocas volcánicas abundan a lo largo y ancho de la Puna. Las rocas graníticas conforman algunos de los grandes cerros como el Nevado de Cachi, el Acay, el Chañi, el Aguilar y la sierra de Cañani, en Santa Victoria. Las rocas metamórficas colindan la mayoría de las serranías al oeste del Valle Calchaquí. Las rocas sedimentarias están profusamente distribuidas en las sierras y serranías de la Cordillera Oriental y Sierras Subandinas y representadas por las cuarcitas rosadas de la Sierra de Mojotoro, las areniscas rojas de los Valles Calchaquíes, las calizas amarillas de la Formación Yacoraite, profusamente presentes en cada rincón de la geografía del NOA (ej., sierras de Rosario de la Frontera, Metán, Lumbreras, Cabra Corral, Maimará, etc.).
Sería imposible enumerar la variedad de formaciones rocosas de origen sedimentario presentes en la región y que cubren ampliamente los periodos Precámbrico, Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, Pérmico, Cretácico y Terciario. La máquina de moler rocas que es la naturaleza, esa gigantesca trituradora que desgasta las montañas, va liberando paulatinamente materiales que bajan a los cauces de los ríos desde las laderas en erosión y desde allí son transportados corriente abajo. Los materiales más gruesos van quedando en las cabeceras de las montañas y los más finos son arrastrados mecánicamente o bien disueltos químicamente en las aguas. Basta recorrer las nacientes de los ríos que drenan al Valle de Lerma para descubrir desde grandes bloques, pasando aguas abajo por gravas gruesas, medianas y finas, y aún más abajo arenas gruesas, medianas y finas, hasta el depósito de materiales muy finos como enlame, limos y arcillas. Si las aguas son ligeramente salobres se puede ver una fina costra blanquecina pulverulenta de salitre, tal como ocurre en el río Calchaquí y en forma exagerada en la Puna, donde las aguas son directamente salobres a saladas. La forma y distribución de los rodados y partículas rocosas va a depender del régimen hidráulico de la corriente, del tramo del río en su sector de montaña o de llanura, de la pendiente, de los materiales de aporte y de otros aspectos. Los materiales que se extraen de los ríos o de viejas terrazas o de antiguos cauces para su uso en la construcción reciben el nombre de áridos. Los principales ríos que se explotan para áridos en Salta y que se encuentran bajo fiscalización técnica y ambiental, según la Secretaría de Minería provincial, son: en el departamento La Caldera, los ríos Caldera, Mojotoro y Vaqueros; en el departamento Rosario de Lerma, los ríos Toro y Rosario; en el departamento Anta, los ríos Juramento, Del Valle y Cantera Seca (cantera fuera de cauce); en el departamento Orán, los ríos Blanco, Pescado y Colorado; en el departamento Rosario de la Frontera, los ríos Horcones, Rosario, Las Cañas y Las Conchas; en el departamento Metán, los ríos Metán, Metán Viejo y Cantera Seca (fuera de cauce); el río Arenales (Capital); y el río Tartagal en el departamento homónimo. Una explotación correcta involucra el cumplimiento respecto a la extracción de material en el tercio medio del cauce, la acumulación de descartes en forma continua en ambos márgenes del río y el mantenimiento y limpieza del cauce, según establecen las normativas sobre extracción de áridos actualmente vigentes. Las calidades de los áridos varían grandemente de un río a otro. Las gravas del río Toro son completamente distintas a las gravas del río Vaqueros, aun cuando ambos drenan la misma cadena montañosa al occidente del Valle de Lerma. Más allá de los tecnicismos, lo importante es que los ríos de Salta se encuentran “aluvionando”, es decir, sus cauces están subiendo el nivel por la incapacidad de transportar el grueso de los materiales que reciben. Cuantos más materiales se extraigan, mejor. Las inundaciones y la vida útil de puentes y defensas dependen en gran parte de ello.

Señalización mortal

ARMANDO J. FREZZE, Abogado, ex juez de la Corte de Justicia de Salta, El Tribuno, 13 jul 2011

La seguridad vial requiere de una buena señalización y se resiente fuerte cuando no la hay.

Una vez más la realidad superó la ficción. Porque resulta impensable que en pleno siglo XXI funcionarios públicos y empresarios viales, ignorando la ley, permitan una señalización vial más propia de la primera mitad del siglo pasado que del actual.

Impensable porque Salta tiene un alto índice de alfabetización y numerosos medios de comunicación: radios, diarios, semanarios y canales de televisión por cable en todas las localidades de cierta importancia, elementos que les permiten a los ciudadanos conocer qué ocurre aquí y en el mundo.

Entre esas informaciones está la relacionada con la seguridad vial y la normativa que la rige. Tiene su propia ley de educación de seguridad vial, a lo que se suman los cursos que continuamente se dictan en los municipios sobre el tema, la acción informativa que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los foros de intendentes, reuniones del Consejo de Seguridad Vial, congresos, jornadas y otro sinfín de actividades enderezadas al mismo propósito.

Por esos medios la comunidad conoce -como también los funcionarios y los empresarios del rubro de la construcción vial- que la seguridad vial requiere de una buena señalización y se resiente cuando no la hay. ¿Cuál es la mala señalización? Para el caso de lugares de circulación restringida por motivo de reparaciones o construcciones, son las señalizaciones que no eliminan ni atenúan el peligro de accidente.

Esto no es nuevo, son palabras usadas en el decreto de necesidad y urgencia N§ 692 dictado durante la presidencia Menem hace 19 años, después de la terrible Semana Santa de 1992, durante la cual murieron casi medio centenar de personas por fatalidades viales.

En la ciudad de Salta, dos años antes la ordenanza N§ 5843 ya había establecido, casi con idénticas palabras que aquel decreto, las correctas maneras de señalizar y la ordenanza 6546 se adhirió al decreto en 1992.

Poco más tarde, el nuevo Código de Tránsito Municipal (ordenanza 9987) sancionó una normativa igual pero añadió al texto, de un modo explícito, que estaba prohibida “la instalación de elementos extraños en la calzada y que por sus características atenten contra la seguridad del usuario de la vía pública”.

Frente a todo este escenario normativo y administrativo resulta inverosímil que al día de hoy algunas de las varias partes involucradas y con responsabilidad en seguridad vial hayan causado en General Ballivián la muerte de un conductor, al colocar como elemento de señalización un tacho de doscientos litros rellenado con piedras, que al ser embestido causó la fatalidad.

Ese aborrecible suceso hubiese sido totalmente evitable si los órganos de control hubiesen actuado con diligencia, obligando a quien colocó la monstruosa señal a reemplazarla por otra que cumpliera con las normas de la ley nacional de Tránsito cuyo decreto reglamentario N 779/95 legisló el Sistema de Señalización Uniforme, que para las construcciones viales regula señalizadores como vallas, conos, dispositivos luminosos, tambores, etc. Sin embargo, advierte que tales elementos deben poseer características que minimicen los riesgos ante eventuales colisiones y ser fabricados en materiales que permitan soportar el impacto sin dañar a los vehículos.

No es la primera vez que las omisiones administrativas que corresponden a los otros actores que pueden integrar un accidente vial, actores generalmente no controlados por la autoridad- producen muertes en la provincia por demarcación insuficiente o contraria a la ley.

En Salta capital, donde circula el mayor porcentaje de automotores de la provincia, la demarcación peligrosa con escombros y trozos de pavimento es el pan de cada día. Las roturas de los automotores que los embisten también.

En el caso que se comenta que el lugar del hecho haya sido una ruta nacional y la norma incumplida hacen tan responsables a la empresa que colocó el obstáculo mortal como a los organismos de jurisdicción nacional con facultades de control sobre las rutas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por ley en abril de 2008 por una iniciativa de la Presidencia de la Nación y que debe coordinar el conjunto de acciones y actores con el fin de reducir el 50% de la mortalidad por siniestros viales en un plazo de cinco años, no ha alcanzado el objetivo según la evolución de las estadísticas en estos tres años.

En todo caso, a juzgar por lo que sucede en las rutas argentinas, la Agencia, a pesar de su cuantioso presupuesto, parece haber perdido el rumbo.

Defendamos el modelo económico, pero ¿cuál es?

JULIO MORENO, Cdor. Público Nacional, El Tribuno de Salta; 14 jul 2011

Después de la crisis de 2001, la economía de nuestro país creció en mayor proporción de lo que lo hacía el resto de Latinoamérica. El modelo llamado de inclusión social se caracterizó por superávit fiscal y comercial y un dólar competitivo, lo que dio como resultado el incremento en casi cinco millones de los puestos de trabajo, que se lograra jubilar a dos millones y medio de personas, y que tres millones y medio de niños y jóvenes menores de edad comenzaran a cobrar un subsidio que les permitió mejorar su calidad de vida y los obligó a continuar con su educación, entre los logros más significativos.

Hoy este modelo apoyado en los tres pilares básicos está agotado, por no decir que no existe, ya que ya no se dispone de superávit fiscal (mayores ingresos que egresos), el superávit comercial (mayores exportaciones que importaciones) cada día es menor y el tipo de cambio cada vez protege menos la producción nacional.

Hasta 2008 existió un superávit fiscal alto que llegaba al 3% del producto bruto interno (PBI). El Gobierno disponía de recursos para pagar las deudas y comprar dólares sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitiera dinero. De esta forma se mantenía el tipo de cambio en niveles altos con el objeto de defender el empleo y mantener el saldo comercial elevado.

Con el excesivo incremento del gasto público durante 2010 y 2011, el superávit fiscal se transformó en déficit (mayores gastos que ingresos), al llegar al 0,4% del PBI.

Hoy el Gobierno, como no dispone de recursos genuinos para hacer frente al excesivo gasto público y defender el tipo de cambio, el BCRA emite dinero para cubrir estas necesidades y como la emisión es superior a lo técnicamente correcto, genera inflación, es decir, lo que antes se pagaba con los impuestos que se recaudaban hoy se emite dinero para hacer frente a estos compromisos. ¿Será este el modelo?

Los componentes

Son dos los componentes monetarios que se analizan al estudiar la oferta de dinero, por un lado la creación de dinero y la cantidad de créditos y subsidios que se conceden, recordando que la emisión monetaria y los créditos acordados no deben ser superiores al incremento del PBI (es decir, al crecimiento de la economía) para que no se genere inflación. Como dato ilustrativo observamos que los agregados monetarios en un año hasta el mes de junio pasado crecieron el 38% y el PBI lo hizo al 7%.

Muchos analistas entienden que aunque el modelo de crecimiento no se mantenga, se debe priorizar el actual papel del Estado en la economía, rescatando los logros obtenidos y defendiendo el modelo de inclusión social, sin detenerse mucho en los subsidios mal otorgados o no controlados, el aumento de la pobreza por la inflación, la falta de combustibles por no haber planificado el desarrollo o porque se les cobra impuestos a los productos alimenticios de primera necesidad, etcétera.

No le sirve la inflación

Lo que sí está claro es que el Gobierno con lo que antes pagaba sus deudas con superávit fiscal (impuestos cobrados), hoy lo hace con inflación. Recordando lo perjudicial que es para nuestros bolsillos y la pérdida de competitividad de nuestros productos, entre otras tantas desventajas que produce este aumento permanente de los precios, nos preguntamos: ¿es bueno o malo hacerlo como se está haciendo?

Actualmente esta ecuación cierra en la medida que se controle la inflación, estimando que tampoco bajará hasta tanto el Gobierno logre disminuir el exceso del gasto público, aumente la recaudación de sus impuestos o exista mayor inversión para cubrir el exceso de demanda, tarea que no es menor y requiere de un costo político alto que entiendo en los próximos meses no está dispuesto a asumir.

Otra forma de cubrir el exceso de gastos del Gobierno es a través de la obtención de créditos en el exterior, pero como aún no salimos del default es muy difícil conseguir o tener acceso a los mercados financieros.

¿Qué necesitamos?

Es evidente que actualmente las conjeturas que desde la economía pronostican ajustes pos-

eleccionarios son muchas; algunos pronostican devaluaciones, diminución de los gastos del Gobierno, entiéndase subsidios, obras públicas, etcétera.

Sea quien sea el que gane las elecciones en octubre o en segunda vuelta tendrá que evaluar los actuales gastos del Gobierno, entre ellos: a) los subsidios otorgados por sectores, es decir, a quién beneficiar o a quiénes no. Por ejemplo, los elevados montos entregados al consumo del gas y combustibles, que al no permitirse un aumento en sus precios se ha ocasionado que no se exploren ni exploten nuevos yacimientos por no haber planificado; b) los subsidios otorgados personalizados, para que realmente los reciban quienes los necesiten; c) las obras públicas para que se realicen en función de prioridades y con objetivos estipulados anteriormente; y d) mejorar los controles de los subsidios otorgados.

Con respecto a los que se animan a pronosticar grandes devaluaciones, entiendo que no debemos arriesgarnos a afirmarlo, ya que los desequilibrios en materia de precios internacionales para que nuestros productos sean competitivos se pueden solucionar con subsidios para promover determinadas exportaciones y con retenciones que ya conocemos para solucionar cualquier desequilibrio respecto a los precios en el mercado interno.

Lo importante será generar mayores inversiones, pero para ello es necesario crear condiciones de estabilidad y seguridad jurídica, esto servirá para disminuir el desempleo, para que la pobreza no sea un castigo y para que la redistribución de la riqueza sea real y no un anhelo. ¿Podremos lograrlo?

Prolijidades y cuadernitos

Gregorio A. Caro Figueroa
Salta, 1/Jun/2011

En 1829 Tomás Sánchez de Bustamante pidió que el gobierno de Jujuy reconociera deudas por ganado que le fuera confiscado durante la Guerra de la Independencia. Cuando se quejó por tal situación, un comandante le recomendó que “no se fatigase la cabeza con esas prolijidades, que el orden es el desorden”.
Las prolijidades que desdeñaba aquel comandante no eran otra cosa que los límites a los desbordes de ambiciones y pasiones, a los que deberían haberse ajustado personas y gobiernos no sólo en períodos de relativa normalidad, sino también en tiempos de guerra evitando, como dijo San Martín, se faltara el respeto al “sagrado derecho de las gentes”.
Aunque el acta del 25 de mayo de 1810 dejó establecido que los integrantes de la Junta estaban excluidos “de ejercer el poder judicial”, dos meses después la Junta ordenó el fusilamiento de los conjurados de Córdoba. No resultó extraño que los enunciados no se compadecieran con los hechos.
En el siglo XIX en Catamarca, como en la mayoría de las provincias, pese a “todas las garantías de la propiedad que contenía el Reglamento” o Constitución local, las confiscaciones fueron una práctica corriente. El respeto al domicilio no fue “sagrado”, pues las casas eran asaltadas por los déspotas locales, y las garantías a la libertad de prensa eran arrojadas como las imprentas empasteladas.
A lo largo de la historia argentina el desprecio a la ley aparece como una constante que la impregna y atraviesa. A su lado galopan reiterativos pretextos y sofismas para explicar esa conducta que se justifica y presenta como inevitable en periodos de excepción, olvidando que, en plena guerra, San Martín se sometió al imperio de la ley.
Pensaba que la causa fundamental de la inestabilidad de América y su estado de permanentes trastornos políticos “no pende tanto de los hombres como de las instituciones”. Estaba convencido que “mientras el problema de las instituciones no fuera resuelto no habría paz”.
Esta idea difiere y se contrapone a la de muchos de los que combatieron en esas guerras. Al colocar la guerra y el conflicto como centro y periferia de las preocupaciones, esa visión relegaba y desplazaba las preocupaciones institucionales del centro de interés, cuando la nuestra es, en primer lugar, una anomia institucional.
Esa visión puso al revés la idea de San Martín: mientras no se terminara la guerra el problema de la organización institucional no podía ser encarado y, menos aún, resuelto. De este modo, el desorden seguiría siendo la forma que, fatalmente, debía asumir el orden. La construcción institucional quedaba diferida sin término. Los argentinos no debíamos fatigar nuestras cabezas con tales prolijidades.
Para Bolívar, en América, “los tratados son papeles; las Constituciones, libros”. Lasalle comparó la Constitución con una “tira de papel”, que no podía interponerse entre un déspota y Dios. Rosas dijo que la Constitución –“ese cuadernito” o “libro soñador”- debía sancionarse cuando las provincias se organizaran. Sus seguidores tuvieron poder vitalicio y no lo hicieron. Ibarra gobernó 31 años y no organizó Santiago del Estero.
Los golpes de Estado y el deterioro de la calidad institucional son las dos expresiones más visibles y letales de ese desprecio a la ley. No son las únicas. Una constelación de conductas sociales e individuales, son correlato de aquel desprecio practicado desde el poder. Los golpes de Estado, la falta de respeto a las instituciones por parte de sus responsables y la viveza criolla forman un sólido entramado.
Esa tendencia alcanzó su punto de mayor degradación en 1976, al instaurarse la dictadura que consumó la proeza de violar el andamiaje de su propia y discutible legalidad condenando a las instituciones a la ilegalidad, y de usar procedimientos criminales equiparables, y de mayor alcance, que los utilizados por bandas armadas.
En junio de 1966, Onganía justificó el derrocamiento del gobierno constitucional de Illia por el supuesto desorden de esa administración. Justificó su deseo de mantenerse sin término en el poder con la teoría de los tres tiempos, inspirada en los pretextos que retrasaron medio siglo nuestra organización como país.
Esa teoría postulaba que el gobierno de facto se ajustaría a tres periodos. En primer lugar, en el “tiempo económico” debía resolver problemas estructurales. Una vez cumplido ese objetivo, abriría el “tiempo social”. Por último, en plazo incierto, se llevaría al país al “tiempo político”.
La realidad se encargó de hacer añicos aquella ingeniería política que, lejos de imponer el orden basado en la ley, terminó abonando el camino a la mayor violencia política de la Argentina en el siglo XX. La dictadura implantada en 1976 repetía que “el proceso no tenía plazos sino objetivos”, y que tendría las urnas guardadas bajo siete llaves.
Esos regímenes olvidaron que el estado de guerra no impidió a San Martín poner las bases institucionales del Perú, creando la Corte Suprema de Justicia. Frente a las tentaciones del poder absoluto, dijo: “me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo”.
Aquel orden que otros creían legítimo era el sustentado en la voluntad, en la arbitrariedad personal y en la fuerza. No se apoyaba en la ley sino en su inobservancia y en el desprecio a las normas morales, jurídicas, sociales y religiosas. Era un orden recostado en un desorden, con una “justicia administrada sin formas y sin debates”, observó Sarmiento.
Para Sarmiento, la extensión geográfica, la inmensidad del paisaje, las distancias, la escasez y el aislamiento de la población, explican el predominio de la violencia brutal, el culto al coraje, la justicia por mano propia y la debilidad de la justicia civil, alimentos de “la autoridad sin límites y sin responsabilidad de los que mandan”.
Hace veinte años Carlos Nino, uno de los pensadores más importantes de la Argentina, redactó Un país al margen de la ley, obra fundamental para comprender esta mentalidad que registró como una causa de nuestra declinación. La ley se acata pero no se cumple, o se cumple de forma ritual ignorando “valores y objetivos” a los que sirve.
Nino reconoce que son complejas y combinadas las causas de ese proceso; otorga relevancia a los factores institucionales, políticos y culturales. En los años ’60 estuvo de moda predicar la necesidad de cambiar estructuras. Las distintas versiones ideológicas de ese cambio evitaban incluir el respeto a los valores y a las instituciones.
De derecha a izquierda se coincidió en despreciar la Constitución “formal” y la legalidad “burguesa”, percibidas como obstáculos para demoler estructuras, condición necesaria para implantar la revolución. ¿Se puede predicar una justicia particular, y construirla, negando la justicia en general y despreciando valores universales?
Alberdi advirtió que la caída Rosas no colocaba al país en posesión de cuanto necesitaba. El fin de las dictaduras tampoco proporciona condiciones suficientes para consolidar una democracia. Remover el autoritarismo no es un punto de llegada, sino de partida de una democracia no exenta de contradicciones y carencias.
“Cuando la ley está sujeta a alguna otra autoridad y no tiene ninguna por sí misma, el colapso del Estado, en mi opinión, está a la vista”, leemos en Platón. Aún perduran remanentes de nuestra inclinación a despreciar la ley. Algunos siguen creyendo que el desorden de la arbitrariedad es el único orden posible.-

¿Cuántas veces el mar cubrió Salta en el pasado geológico?

Ricardo Alonso, doctor en ciencias geológicas, El Tribuno, 11 abr 2011

Los salares son cuencas cerradas que se formaron por la evaporación de las aguas que confluyen en su interior.

La última vez que el mar cubrió la Puna fue en la época de los dinosaurios, hace 70 y 65 millones de años.

El Club Amigos de la Montaña de Salta dicta desde hace 25 años un curso anual de montañismo. El miércoles 6 de abril de 2011 fui invitado por ellos a disertar en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (Maam) sobre el origen y la evolución de nuestras montañas y de los Andes del norte argentino. La oportunidad me resultó propicia para realizar un sentido homenaje al Dr. Carlos H. Moreno Espelta, fallecido en 2010, quien fuera uno de los grandes profesores de Geología de la Universidad Nacional de Salta, junto a otros como Marcelo Figueroa Caprini, Antonio Igarzabal y Domingo Jakúlica, a todos ellos, también fallecidos, les dediqué en 2007 mi libro sobre la historia geológica de Salta y de los Andes. Además recordé mi paso por la institución donde ingresé en 1972, y a quienes formaban parte entonces del equipo directivo como Roberto Vitry y Juanito Fadel, además de numerosos andinistas que luego harían historia.

Restos de antiguos mares

En el marco de la conferencia y de las consultas del público, surgió el tema de si los salares de la Puna son restos de antiguos mares. La respuesta es no. Obviamente que quien visita por primera vez un salar y ve esas grandes extensiones blancas como espejos reverberantes, formadas de sal pura, sólo atina a pensar que alguna vez hubo allí un mar que se desecó. Esto es lo que claramente le indica el sentido común.

Lo mismo ocurre cuando se encuentra con esos pozos en los salares, llenos de agua color turquesa (producto del reflejo de la luz solar sobre el fondo blanco), y a los cuales llaman “ojos de mar”, por lo que vuelve a creer que efectivamente está contemplando restos marinos. Pero no, ésas son vertientes o salidas de agua subterránea, generalmente de aguas salobres o saladas, que forman parte del ciclo hidrológico natural de las depresiones cerradas andinas. La confusión se vuelve mayor cuando en películas como “La deuda interna”, con la actuación de Juan José Camero, se ve a un pastor de la Puna que levanta del piso de las Salinas Grandes una caracola marina y escucha los sonidos que le trae el viento. Obviamente una caracola del mar Caribe como la que se muestra en la película, semienterrada en la sal, da esa idea de un viejo mar allí desecado. Y ya se sabe que una imagen vale por mil palabras.

Cuencas cerradas

Ahora bien ¿qué son entonces los salares? Los salares de la Puna son cuencas cerradas, esto es, con drenaje interno, que se formaron por la evaporación de todas las aguas continentales que confluyen en su interior, tanto superficiales como subterráneas, y que dejaron allí su carga de sales. Entre esas sales, formadas por evaporación y que reciben el nombre de evaporitas, se encuentran la sal común o cloruro de sodio (halita), el sulfato de calcio (yeso), el sulfato de sodio (mirabilita, thenardita), el carbonato de sodio y los boratos, principalmente el borato común de calcio y sodio llamado ulexita y el borato de sodio (bórax o tincal). Si bien la sal y el yeso aparecen abundantemente en ambientes marinos, las demás son esencialmente de regiones desérticas continentales. Los restos de plantas podridas debajo de la sal, las microscópicas diatomeas, las capas que se extienden en profundidad compuestas por arcillas, limos, arenas y cenizas volcánicas, en fin todo lo que contiene un salar en la superficie y en el subsuelo es de neto origen continental. La última vez que el mar cubrió lo que hoy es la Puna fue hacia fines de la época de los dinosaurios, entre 70 y 65 millones de años atrás, en el Cretácico superior. Como registro de esa época quedaron las capas de calizas amarillas de la Formación Yacoraite, las que contienen estromatolitos, gasterópodos, bivalvos, restos de peces y otros fósiles, además de mineralizaciones de uranio, cobre y vanadio.

Un mar cálido y tropical

Ese mar cálido y tropical, en cuyas playas se paseaban los dinosaurios que dejaron grabadas sus huellas para la posteridad, cubría gran parte del norte chileno y argentino, y alcanzaba Paraguay, así como el altiplano boliviano y peruano. Al romperse la corteza para dar lugar al levantamiento de los Andes, esas capas de calizas fueron elevadas en unos lugares y hundidas en otros, razón por la cual se encuentran a más de 4 km de altura en la Puna y a más de 6 km de profundidad en el borde oriental andino, donde son portadoras de petróleo. Esto ejemplifica que los Andes del norte argentino están rotos al menos 10 km en sentido vertical. Ahora bien, cuando nos remontamos al profundo pasado geológico vamos a encontrar que el territorio que hoy ocupa Salta estuvo bajo el mar en muchas oportunidades.

Los primeros antecedentes

Las rocas marinas más antiguas que tenemos son las de la Formación Puncoviscana, depositadas en un viejo océano, entre 550 y 600 millones de años atrás y que son esas lajas grises que podemos apreciar cuando recorremos el camino por la Quebrada del Toro. La quebrada corta profundamente en esas rocas y el río corre encajonado entre ellas desde el Gólgota o Ingeniero Maury hasta cerca de Campo Quijano. Dichas rocas forman también el núcleo de las sierras de Lesser y de Castilla, entre otros cordones geográficos del NOA. En aquella época no había todavía invertebrados con conchillas duras o exoesqueletos y, por lo tanto, los únicos fósiles allí presentes corresponden a marcas de gusanos que se arrastraron en los barros del fondo oceánico. Luego lo que hoy es Salta fue cubierto por otros mares a lo largo de toda la época paleozoica. En el Cámbrico se depositaron las arenas cuarzosas de una plataforma marina somera que hoy forman el llamado Grupo Mesón, unas rocas cuarcíticas rosadas muy comunes en la Quebrada de Humahuaca; en el Ordovícico el Grupo Santa Victoria, caracterizado por grandes cantidades de conchillas fósiles y trilobites, entre ellas las rocas que forman el cerro San Bernardo; luego los mares del Silúrico, con formaciones de mineral de hierro como las de Zapla-Unchimé; el Devónico, rico en depósitos de gas; y el Carbonífero y Pérmico, bien expuesto en el subsuelo de la selva salteña de Orán.

La última entrada

La última vez que el mar se acercó al noroeste argentino fue durante la ingresión marina Paranense, unos 12 a 14 millones de años atrás, en una época en la que el nivel de los océanos mundiales estaba alto, los Andes en formación empujaban fuertemente y el continente sudamericano se hundía para compensar el levantamiento de la cadena andina. Como se aprecia, a lo largo del tiempo geológico el actual territorio de Salta estuvo muchas veces cubierto por el mar, a veces con playas someras, plataformas continentales, o bien sumergido en el océano profundo.

Las máquinas de votar y sus fantasmas

ARMANDO J. FREZZE, Abogado, ex juez de la Corte de Justicia de Salta, El Tribuno, 6 abr 2011

Las dudas sobre la transparencia que puede ofrecer el voto electrónico continúan. Desde las planteadas a mediados del año pasado por la senadora Sonia Escudero, fundamentadas en que el sistema no permite el control ciudadano, hasta la formulada hace pocos días por el Ing. Diego Saravia, especialista en informática, quien señaló que el sistema tiene potenciales problemas que restan garantías a los participantes, como por ejemplo la falta de publicación del código fuente del software, que permitiría saber con certeza cómo funciona el sistema. Frente a ese desconocimiento, dice el profesional, resulta obligado realizar una auditoría después de la votación que verifique por lo menos la mitad de las mesas para asegurarse de que resultan verdaderas las cifras que hayan emitido la máquinas. “Eso es lo que le pidió la Fundación Carter al presidente Hugo Chávez cuando le tocó auditar al sistema de los venezolanos, que es bastante parecido al nuestro” explicó. Se refería al referendo del 15 de agosto de 2004, cuya votación fue monitoreada por la Fundación Carter y por comisionados de la OEA. Esos comicios fueron cuestionados por la oposición venezolana afirmando que se había cometido “un enorme fraude cibernético”, pero los observadores internacionales sólo dictaminaron que “no hubo irregularidades suficientes como para alterar los resultados del plebiscito”.

El tema fue analizado en detalle por el periodista Andrés Oppenheimer en su libro “Cuentos chinos”. Oppenheimer, columnista de The Miami Herald, cubrió personalmente el desarrollo del referendo y advirtió que hubo elementos que permiten otorgar el beneficio de la duda a las conclusiones de los observadores internacionales. Recuerda en su libro que Chávez puso gran cantidad de trabas al monitoreo que debían realizar los veedores extranjeros y así logró que se retiraran, a días de la votación, los representantes de la Unión Europea. La mayor duda que quedó flotando apuntaba al sistema de votación electrónico, que era nuevo y se estrenaba en esa ocasión sin haber sido testeado antes en ninguna parte del mundo.

En la misma semana que el Ing. Saravia expresó su postura, la comunidad también se pronunciaba mayoritariamente en contra. Un diario on line local preguntaba: ¿Piensa que el voto electrónico puede favorecer maniobras fraudulentas? De las 980 respuestas enviadas, el 58,70% de ellas eran afirmativas, el 40,22 % no creía que el voto electrónico favoreciera al fraude mientras que al 1,09% restante la cuestión le resultaba indiferente.

El Dr. Rodolfo J. Urtubey, ex presidente de la Corte de Justicia de Salta 1991-1999 y ex presidente del Tribunal Electoral, en una columna publicada en 2009 por El Tribuno, expresaba que en el 2004 un dictamen del National Institute of Standar and Technology (NIST) consideró que el sistema de voto electrónico no era confiable en cuanto a la exactitud y resultaba susceptible de ser hackeado. La nota recordaba la elección presidencial del 2000 en EEUU que tuvo que ser dirimida por la Suprema Corte de ese país, algo que ocurría por primera vez en su historia, y que instaló la idea de que las máquinas “touch screen” -como las que se usan en Salta- habían sido manipuladas en el estado de Florida, gobernado en ese tiempo por el hermano del candidato presidencial. Señalaba el Dr. Urtubey que en EEUU tuvieron una vasta utilización en los "90, pero que ahora están descartadas poniendo como ejemplo el hecho de que en 2008, cuando fue elegido Barack Obama, prevaleció el voto con boletas de papel pero que estaban diseñadas de tal modo que permitían su escaneo óptico, el cual acelera el acceso a los resultados al suprimir el conteo manual.

Pareciera ser que por más de un motivo la exactitud de las “máquinas de votar” tiene un margen de duda que las hace cuestionables. Pero sería erróneo inferir de ello una conclusión excluyente: que esa potencial falencia beneficie únicamente a quien esté en el gobierno. La lógica indica que si la máquina es vulnerable, su vulnerabilidad puede favorecer la manipulación por parte de cualquiera, participantes o ajenos. Es que existe una larga cadena de sucesos enlazados entre sí: fabricación, provisión, traslado, instalación, mantenimiento, ajustes y otros eventos que involucran la participación de terceros que hacen pensar que el control absoluto resultaría materialmente imposible, o casi; la política no está exenta de travesuras. Por suerte, sólo se trata de meras cavilaciones conjeturales.

Los trabajadores, entre aumentos de salarios y disminución de ganancias

JULIO MORENO, Cdor. Público Nacional, El Tribuno de Salta; 6 abr 2011

La semana pasada entre el Gobierno y la CGT se cerraron dos acuerdos. En el primero, el líder de la CGT, Hugo Moyano, fijó el tope del 24% de aumento de sueldos en la paritaria de los camioneros. La suba se cobrará en tres veces. En el segundo, la Presidenta aumentó un 20% el mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias que grava los salarios de los trabajadores.

Ambos hicieron las paces después de la amenaza de paro general. Entiendo que hubo un pacto, por cuanto Moyano tuvo que sacrificar un porcentaje significativo de aumento en las remuneraciones de los camioneros, para que quede como antecedente en futuras paritarias de otros gremios. Pero desde la Casa Rosada -por iniciativa y pedido de la CGT- la Presidenta anunció la disminución en el impuesto a las Ganancias como una forma de reconocer esta gestión.

Algunos dirigentes gremiales entienden que fue un triunfo, ya que la CGT logró lo que la oposición no pudo en la Cámara de Diputados por falta de quórum. En cambio, desde el Gobierno descartan cualquier lectura política en términos de acuerdo por el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias, la paritaria sindical del gremio de camioneros y la relación entre el oficialismo y el líder de la CGT.

Varios dirigentes políticos cuestionaron el incremento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, por considerarlo insuficiente y también por la forma en que se instrumentó, ya que correspondía hacerlo por ley y no a través de una resolución de la Afip. Criticaron además la legalidad de esta medida, porque fue instrumentada desde el Gobierno para quitarle rédito político a la oposición.

Los alcances del aumento

El impuesto a las Ganancias grava, entre otros hechos, las retribuciones que obtienen los trabajadores en relación de dependencia. Para determinar el monto a pagar, se procede de la siguiente manera: al total de salarios cobrados por el trabajador durante un año se le restan primero lo que conocemos como mínimo no imponible y otras deducciones. A ese resultado se le aplica la escala progresiva que va del 0 al 36% y se determina así el importe a pagar. Esto implica que, a mayor retribución, mayor pago de impuesto.

Según información presentada por la Afip, de un total de 7,4 millones de asalariados registrados, con el aumento anunciado solamente 802.475 pasarán a tributar el impuesto a las Ganancias. El organismo aclaró que en 2010 entraron en este régimen 1,2 millones de asalariados.

A este dato le falta adicionar los trabajadores que volverán a ser contribuyentes cuando reciban los aumentos de sueldos acordados en las paritarias, situación que resulta obvia ya que los aumentos rondan el 24% y las deducciones aumentaron sólo el 20%. La lógica nos dice que aumentará la cantidad de trabajadores que deban tributar este impuesto.

Críticas y elogios

Un sindicato presentó un recurso que pide eliminar el “impuesto al salario”, calificándolo de “injusto e inconstitucional”. La CTA pidió derogarlo o subir al doble el mínimo no imponible. También la CGT propuso algo parecido, manteniendo la carga impositiva sólo para niveles jerárquicos.

Muchos autores coinciden en que el impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia está mal llamado, por considerar que la retribución por el trabajo no es una ganancia y no debería estar grabado por esa ley.

En muchos países que lo cobran, lo denominan impuesto sobre los salarios o sobre los ingresos personales. Pero la discusión no debe pasar por la denominación, sino por instrumentar o no un nuevo tributo de base amplia y global que paguen todos los trabajadores por sus retribuciones.

Este impuesto que grava los sueldos de los trabajadores no es equitativo, ya que no lo pagan todos los trabajadores sino sólo los que más ganan. Además, la tasa del impuesto va creciendo a medida que aumentan los montos cobrados. Esto quiere decir que aparte de ser inequitativo, es doblemente progresivo.

Cualquier impuesto tiene que ser igual para todos. Se deben buscar la equidad tributaria y la equidad económica. En el caso del aumento del mínimo no imponible, solamente se buscó la equidad económica.

En realidad el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias fue una propuesta de la oposición que el oficialismo capitalizó políticamente. Pero este tema dio para más, ya que lo pudieron analizar y capitalizar desde distintos sectores que se comprometieron y/o tienen participación directa o indirecta con estas medidas. Estos fueron los logros y mensajes de cada uno:

-Las empresas podrán mostrar que abonan mayores salarios.
-Los sindicalistas, que se preocupan por mejorar el ingreso de los trabajadores.
-Los políticos oficialistas capitalizan esta decisión opinando que mejorar el salario contribuye en la lucha por la distribución de la riqueza.
-Los políticos de la oposición exigen que se respeten las instituciones, reclamando que las modificaciones en los impuestos se deben hacer por ley y no por un simple anuncio del Poder Ejecutivo, en este caso una resolución de la Afip.
-Los medios de comunicación, porque instalaron el tema en la opinión pública.
-Los técnicos y algunos economistas piensan que el aumentar la cantidad de dinero en circulación y el consumo generará mayor inflación.
-Por último, los trabajadores que se beneficiaron con este anuncio, agradecidos.

En realidad este aumento del mínimo no imponible solamente implica mejoras para el 10% de los empleados registrados y apenas alcanza al 5% del total de los trabajadores ocupados.

¿Qué estamos haciendo con el sector de trabajadores informales que no tienen acceso a la salud o a la jubilaciones, entre otros beneficios? ¿Qué futuro les espera o cómo pueden reaccionar cuando nuestra presidenta anuncia que ha aumentado el mínimo no imponible a los trabajadores que están inscriptos y reciben su sueldo en blanco, cuando en realidad tendría que buscar que se termine el trabajo informal y que todas las medidas que se anuncien para beneficiar a los trabajadores sean para todo el universo de trabajadores y no para un 5%; es decir, para el 100% de las personas que trabajan en relación de dependencia?

El anuncio de medidas como éstas, en un marco preelectoral y debido a la poca significación de este anuncio, me hace acordar a un juego que jugamos y cantamos todos alguna vez y en el que una de sus frases dice así: “cada cual, cada cual atiende su juego”. ¿Quién no lo recuerda?