Ricardo Alonso, doctor en ciencias geológicas, El Tribuno, 11 abr 2011
Los salares son cuencas cerradas que se formaron por la evaporación de las aguas que confluyen en su interior.
La última vez que el mar cubrió la Puna fue en la época de los dinosaurios, hace 70 y 65 millones de años.
El Club Amigos de la Montaña de Salta dicta desde hace 25 años un curso anual de montañismo. El miércoles 6 de abril de 2011 fui invitado por ellos a disertar en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (Maam) sobre el origen y la evolución de nuestras montañas y de los Andes del norte argentino. La oportunidad me resultó propicia para realizar un sentido homenaje al Dr. Carlos H. Moreno Espelta, fallecido en 2010, quien fuera uno de los grandes profesores de Geología de la Universidad Nacional de Salta, junto a otros como Marcelo Figueroa Caprini, Antonio Igarzabal y Domingo Jakúlica, a todos ellos, también fallecidos, les dediqué en 2007 mi libro sobre la historia geológica de Salta y de los Andes. Además recordé mi paso por la institución donde ingresé en 1972, y a quienes formaban parte entonces del equipo directivo como Roberto Vitry y Juanito Fadel, además de numerosos andinistas que luego harían historia.
Restos de antiguos mares
En el marco de la conferencia y de las consultas del público, surgió el tema de si los salares de la Puna son restos de antiguos mares. La respuesta es no. Obviamente que quien visita por primera vez un salar y ve esas grandes extensiones blancas como espejos reverberantes, formadas de sal pura, sólo atina a pensar que alguna vez hubo allí un mar que se desecó. Esto es lo que claramente le indica el sentido común.
Lo mismo ocurre cuando se encuentra con esos pozos en los salares, llenos de agua color turquesa (producto del reflejo de la luz solar sobre el fondo blanco), y a los cuales llaman “ojos de mar”, por lo que vuelve a creer que efectivamente está contemplando restos marinos. Pero no, ésas son vertientes o salidas de agua subterránea, generalmente de aguas salobres o saladas, que forman parte del ciclo hidrológico natural de las depresiones cerradas andinas. La confusión se vuelve mayor cuando en películas como “La deuda interna”, con la actuación de Juan José Camero, se ve a un pastor de la Puna que levanta del piso de las Salinas Grandes una caracola marina y escucha los sonidos que le trae el viento. Obviamente una caracola del mar Caribe como la que se muestra en la película, semienterrada en la sal, da esa idea de un viejo mar allí desecado. Y ya se sabe que una imagen vale por mil palabras.
Cuencas cerradas
Ahora bien ¿qué son entonces los salares? Los salares de la Puna son cuencas cerradas, esto es, con drenaje interno, que se formaron por la evaporación de todas las aguas continentales que confluyen en su interior, tanto superficiales como subterráneas, y que dejaron allí su carga de sales. Entre esas sales, formadas por evaporación y que reciben el nombre de evaporitas, se encuentran la sal común o cloruro de sodio (halita), el sulfato de calcio (yeso), el sulfato de sodio (mirabilita, thenardita), el carbonato de sodio y los boratos, principalmente el borato común de calcio y sodio llamado ulexita y el borato de sodio (bórax o tincal). Si bien la sal y el yeso aparecen abundantemente en ambientes marinos, las demás son esencialmente de regiones desérticas continentales. Los restos de plantas podridas debajo de la sal, las microscópicas diatomeas, las capas que se extienden en profundidad compuestas por arcillas, limos, arenas y cenizas volcánicas, en fin todo lo que contiene un salar en la superficie y en el subsuelo es de neto origen continental. La última vez que el mar cubrió lo que hoy es la Puna fue hacia fines de la época de los dinosaurios, entre 70 y 65 millones de años atrás, en el Cretácico superior. Como registro de esa época quedaron las capas de calizas amarillas de la Formación Yacoraite, las que contienen estromatolitos, gasterópodos, bivalvos, restos de peces y otros fósiles, además de mineralizaciones de uranio, cobre y vanadio.
Un mar cálido y tropical
Ese mar cálido y tropical, en cuyas playas se paseaban los dinosaurios que dejaron grabadas sus huellas para la posteridad, cubría gran parte del norte chileno y argentino, y alcanzaba Paraguay, así como el altiplano boliviano y peruano. Al romperse la corteza para dar lugar al levantamiento de los Andes, esas capas de calizas fueron elevadas en unos lugares y hundidas en otros, razón por la cual se encuentran a más de 4 km de altura en la Puna y a más de 6 km de profundidad en el borde oriental andino, donde son portadoras de petróleo. Esto ejemplifica que los Andes del norte argentino están rotos al menos 10 km en sentido vertical. Ahora bien, cuando nos remontamos al profundo pasado geológico vamos a encontrar que el territorio que hoy ocupa Salta estuvo bajo el mar en muchas oportunidades.
Los primeros antecedentes
Las rocas marinas más antiguas que tenemos son las de la Formación Puncoviscana, depositadas en un viejo océano, entre 550 y 600 millones de años atrás y que son esas lajas grises que podemos apreciar cuando recorremos el camino por la Quebrada del Toro. La quebrada corta profundamente en esas rocas y el río corre encajonado entre ellas desde el Gólgota o Ingeniero Maury hasta cerca de Campo Quijano. Dichas rocas forman también el núcleo de las sierras de Lesser y de Castilla, entre otros cordones geográficos del NOA. En aquella época no había todavía invertebrados con conchillas duras o exoesqueletos y, por lo tanto, los únicos fósiles allí presentes corresponden a marcas de gusanos que se arrastraron en los barros del fondo oceánico. Luego lo que hoy es Salta fue cubierto por otros mares a lo largo de toda la época paleozoica. En el Cámbrico se depositaron las arenas cuarzosas de una plataforma marina somera que hoy forman el llamado Grupo Mesón, unas rocas cuarcíticas rosadas muy comunes en la Quebrada de Humahuaca; en el Ordovícico el Grupo Santa Victoria, caracterizado por grandes cantidades de conchillas fósiles y trilobites, entre ellas las rocas que forman el cerro San Bernardo; luego los mares del Silúrico, con formaciones de mineral de hierro como las de Zapla-Unchimé; el Devónico, rico en depósitos de gas; y el Carbonífero y Pérmico, bien expuesto en el subsuelo de la selva salteña de Orán.
La última entrada
La última vez que el mar se acercó al noroeste argentino fue durante la ingresión marina Paranense, unos 12 a 14 millones de años atrás, en una época en la que el nivel de los océanos mundiales estaba alto, los Andes en formación empujaban fuertemente y el continente sudamericano se hundía para compensar el levantamiento de la cadena andina. Como se aprecia, a lo largo del tiempo geológico el actual territorio de Salta estuvo muchas veces cubierto por el mar, a veces con playas someras, plataformas continentales, o bien sumergido en el océano profundo.
Pensando el futuro regional desde el disenso. Las ideas expresadas son exclusiva responsabilidad de los autores. De ninguna manera reflejan una opinión grupal, colectiva ni tampoco del administrador del Grupo.
lunes, 11 de abril de 2011
sábado, 9 de abril de 2011
Las máquinas de votar y sus fantasmas
ARMANDO J. FREZZE, Abogado, ex juez de la Corte de Justicia de Salta, El Tribuno, 6 abr 2011
Las dudas sobre la transparencia que puede ofrecer el voto electrónico continúan. Desde las planteadas a mediados del año pasado por la senadora Sonia Escudero, fundamentadas en que el sistema no permite el control ciudadano, hasta la formulada hace pocos días por el Ing. Diego Saravia, especialista en informática, quien señaló que el sistema tiene potenciales problemas que restan garantías a los participantes, como por ejemplo la falta de publicación del código fuente del software, que permitiría saber con certeza cómo funciona el sistema. Frente a ese desconocimiento, dice el profesional, resulta obligado realizar una auditoría después de la votación que verifique por lo menos la mitad de las mesas para asegurarse de que resultan verdaderas las cifras que hayan emitido la máquinas. “Eso es lo que le pidió la Fundación Carter al presidente Hugo Chávez cuando le tocó auditar al sistema de los venezolanos, que es bastante parecido al nuestro” explicó. Se refería al referendo del 15 de agosto de 2004, cuya votación fue monitoreada por la Fundación Carter y por comisionados de la OEA. Esos comicios fueron cuestionados por la oposición venezolana afirmando que se había cometido “un enorme fraude cibernético”, pero los observadores internacionales sólo dictaminaron que “no hubo irregularidades suficientes como para alterar los resultados del plebiscito”.
El tema fue analizado en detalle por el periodista Andrés Oppenheimer en su libro “Cuentos chinos”. Oppenheimer, columnista de The Miami Herald, cubrió personalmente el desarrollo del referendo y advirtió que hubo elementos que permiten otorgar el beneficio de la duda a las conclusiones de los observadores internacionales. Recuerda en su libro que Chávez puso gran cantidad de trabas al monitoreo que debían realizar los veedores extranjeros y así logró que se retiraran, a días de la votación, los representantes de la Unión Europea. La mayor duda que quedó flotando apuntaba al sistema de votación electrónico, que era nuevo y se estrenaba en esa ocasión sin haber sido testeado antes en ninguna parte del mundo.
En la misma semana que el Ing. Saravia expresó su postura, la comunidad también se pronunciaba mayoritariamente en contra. Un diario on line local preguntaba: ¿Piensa que el voto electrónico puede favorecer maniobras fraudulentas? De las 980 respuestas enviadas, el 58,70% de ellas eran afirmativas, el 40,22 % no creía que el voto electrónico favoreciera al fraude mientras que al 1,09% restante la cuestión le resultaba indiferente.
El Dr. Rodolfo J. Urtubey, ex presidente de la Corte de Justicia de Salta 1991-1999 y ex presidente del Tribunal Electoral, en una columna publicada en 2009 por El Tribuno, expresaba que en el 2004 un dictamen del National Institute of Standar and Technology (NIST) consideró que el sistema de voto electrónico no era confiable en cuanto a la exactitud y resultaba susceptible de ser hackeado. La nota recordaba la elección presidencial del 2000 en EEUU que tuvo que ser dirimida por la Suprema Corte de ese país, algo que ocurría por primera vez en su historia, y que instaló la idea de que las máquinas “touch screen” -como las que se usan en Salta- habían sido manipuladas en el estado de Florida, gobernado en ese tiempo por el hermano del candidato presidencial. Señalaba el Dr. Urtubey que en EEUU tuvieron una vasta utilización en los "90, pero que ahora están descartadas poniendo como ejemplo el hecho de que en 2008, cuando fue elegido Barack Obama, prevaleció el voto con boletas de papel pero que estaban diseñadas de tal modo que permitían su escaneo óptico, el cual acelera el acceso a los resultados al suprimir el conteo manual.
Pareciera ser que por más de un motivo la exactitud de las “máquinas de votar” tiene un margen de duda que las hace cuestionables. Pero sería erróneo inferir de ello una conclusión excluyente: que esa potencial falencia beneficie únicamente a quien esté en el gobierno. La lógica indica que si la máquina es vulnerable, su vulnerabilidad puede favorecer la manipulación por parte de cualquiera, participantes o ajenos. Es que existe una larga cadena de sucesos enlazados entre sí: fabricación, provisión, traslado, instalación, mantenimiento, ajustes y otros eventos que involucran la participación de terceros que hacen pensar que el control absoluto resultaría materialmente imposible, o casi; la política no está exenta de travesuras. Por suerte, sólo se trata de meras cavilaciones conjeturales.
Las dudas sobre la transparencia que puede ofrecer el voto electrónico continúan. Desde las planteadas a mediados del año pasado por la senadora Sonia Escudero, fundamentadas en que el sistema no permite el control ciudadano, hasta la formulada hace pocos días por el Ing. Diego Saravia, especialista en informática, quien señaló que el sistema tiene potenciales problemas que restan garantías a los participantes, como por ejemplo la falta de publicación del código fuente del software, que permitiría saber con certeza cómo funciona el sistema. Frente a ese desconocimiento, dice el profesional, resulta obligado realizar una auditoría después de la votación que verifique por lo menos la mitad de las mesas para asegurarse de que resultan verdaderas las cifras que hayan emitido la máquinas. “Eso es lo que le pidió la Fundación Carter al presidente Hugo Chávez cuando le tocó auditar al sistema de los venezolanos, que es bastante parecido al nuestro” explicó. Se refería al referendo del 15 de agosto de 2004, cuya votación fue monitoreada por la Fundación Carter y por comisionados de la OEA. Esos comicios fueron cuestionados por la oposición venezolana afirmando que se había cometido “un enorme fraude cibernético”, pero los observadores internacionales sólo dictaminaron que “no hubo irregularidades suficientes como para alterar los resultados del plebiscito”.
El tema fue analizado en detalle por el periodista Andrés Oppenheimer en su libro “Cuentos chinos”. Oppenheimer, columnista de The Miami Herald, cubrió personalmente el desarrollo del referendo y advirtió que hubo elementos que permiten otorgar el beneficio de la duda a las conclusiones de los observadores internacionales. Recuerda en su libro que Chávez puso gran cantidad de trabas al monitoreo que debían realizar los veedores extranjeros y así logró que se retiraran, a días de la votación, los representantes de la Unión Europea. La mayor duda que quedó flotando apuntaba al sistema de votación electrónico, que era nuevo y se estrenaba en esa ocasión sin haber sido testeado antes en ninguna parte del mundo.
En la misma semana que el Ing. Saravia expresó su postura, la comunidad también se pronunciaba mayoritariamente en contra. Un diario on line local preguntaba: ¿Piensa que el voto electrónico puede favorecer maniobras fraudulentas? De las 980 respuestas enviadas, el 58,70% de ellas eran afirmativas, el 40,22 % no creía que el voto electrónico favoreciera al fraude mientras que al 1,09% restante la cuestión le resultaba indiferente.
El Dr. Rodolfo J. Urtubey, ex presidente de la Corte de Justicia de Salta 1991-1999 y ex presidente del Tribunal Electoral, en una columna publicada en 2009 por El Tribuno, expresaba que en el 2004 un dictamen del National Institute of Standar and Technology (NIST) consideró que el sistema de voto electrónico no era confiable en cuanto a la exactitud y resultaba susceptible de ser hackeado. La nota recordaba la elección presidencial del 2000 en EEUU que tuvo que ser dirimida por la Suprema Corte de ese país, algo que ocurría por primera vez en su historia, y que instaló la idea de que las máquinas “touch screen” -como las que se usan en Salta- habían sido manipuladas en el estado de Florida, gobernado en ese tiempo por el hermano del candidato presidencial. Señalaba el Dr. Urtubey que en EEUU tuvieron una vasta utilización en los "90, pero que ahora están descartadas poniendo como ejemplo el hecho de que en 2008, cuando fue elegido Barack Obama, prevaleció el voto con boletas de papel pero que estaban diseñadas de tal modo que permitían su escaneo óptico, el cual acelera el acceso a los resultados al suprimir el conteo manual.
Pareciera ser que por más de un motivo la exactitud de las “máquinas de votar” tiene un margen de duda que las hace cuestionables. Pero sería erróneo inferir de ello una conclusión excluyente: que esa potencial falencia beneficie únicamente a quien esté en el gobierno. La lógica indica que si la máquina es vulnerable, su vulnerabilidad puede favorecer la manipulación por parte de cualquiera, participantes o ajenos. Es que existe una larga cadena de sucesos enlazados entre sí: fabricación, provisión, traslado, instalación, mantenimiento, ajustes y otros eventos que involucran la participación de terceros que hacen pensar que el control absoluto resultaría materialmente imposible, o casi; la política no está exenta de travesuras. Por suerte, sólo se trata de meras cavilaciones conjeturales.
jueves, 7 de abril de 2011
Los trabajadores, entre aumentos de salarios y disminución de ganancias
JULIO MORENO, Cdor. Público Nacional, El Tribuno de Salta; 6 abr 2011
La semana pasada entre el Gobierno y la CGT se cerraron dos acuerdos. En el primero, el líder de la CGT, Hugo Moyano, fijó el tope del 24% de aumento de sueldos en la paritaria de los camioneros. La suba se cobrará en tres veces. En el segundo, la Presidenta aumentó un 20% el mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias que grava los salarios de los trabajadores.
Ambos hicieron las paces después de la amenaza de paro general. Entiendo que hubo un pacto, por cuanto Moyano tuvo que sacrificar un porcentaje significativo de aumento en las remuneraciones de los camioneros, para que quede como antecedente en futuras paritarias de otros gremios. Pero desde la Casa Rosada -por iniciativa y pedido de la CGT- la Presidenta anunció la disminución en el impuesto a las Ganancias como una forma de reconocer esta gestión.
Algunos dirigentes gremiales entienden que fue un triunfo, ya que la CGT logró lo que la oposición no pudo en la Cámara de Diputados por falta de quórum. En cambio, desde el Gobierno descartan cualquier lectura política en términos de acuerdo por el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias, la paritaria sindical del gremio de camioneros y la relación entre el oficialismo y el líder de la CGT.
Varios dirigentes políticos cuestionaron el incremento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, por considerarlo insuficiente y también por la forma en que se instrumentó, ya que correspondía hacerlo por ley y no a través de una resolución de la Afip. Criticaron además la legalidad de esta medida, porque fue instrumentada desde el Gobierno para quitarle rédito político a la oposición.
Los alcances del aumento
El impuesto a las Ganancias grava, entre otros hechos, las retribuciones que obtienen los trabajadores en relación de dependencia. Para determinar el monto a pagar, se procede de la siguiente manera: al total de salarios cobrados por el trabajador durante un año se le restan primero lo que conocemos como mínimo no imponible y otras deducciones. A ese resultado se le aplica la escala progresiva que va del 0 al 36% y se determina así el importe a pagar. Esto implica que, a mayor retribución, mayor pago de impuesto.
Según información presentada por la Afip, de un total de 7,4 millones de asalariados registrados, con el aumento anunciado solamente 802.475 pasarán a tributar el impuesto a las Ganancias. El organismo aclaró que en 2010 entraron en este régimen 1,2 millones de asalariados.
A este dato le falta adicionar los trabajadores que volverán a ser contribuyentes cuando reciban los aumentos de sueldos acordados en las paritarias, situación que resulta obvia ya que los aumentos rondan el 24% y las deducciones aumentaron sólo el 20%. La lógica nos dice que aumentará la cantidad de trabajadores que deban tributar este impuesto.
Críticas y elogios
Un sindicato presentó un recurso que pide eliminar el “impuesto al salario”, calificándolo de “injusto e inconstitucional”. La CTA pidió derogarlo o subir al doble el mínimo no imponible. También la CGT propuso algo parecido, manteniendo la carga impositiva sólo para niveles jerárquicos.
Muchos autores coinciden en que el impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia está mal llamado, por considerar que la retribución por el trabajo no es una ganancia y no debería estar grabado por esa ley.
En muchos países que lo cobran, lo denominan impuesto sobre los salarios o sobre los ingresos personales. Pero la discusión no debe pasar por la denominación, sino por instrumentar o no un nuevo tributo de base amplia y global que paguen todos los trabajadores por sus retribuciones.
Este impuesto que grava los sueldos de los trabajadores no es equitativo, ya que no lo pagan todos los trabajadores sino sólo los que más ganan. Además, la tasa del impuesto va creciendo a medida que aumentan los montos cobrados. Esto quiere decir que aparte de ser inequitativo, es doblemente progresivo.
Cualquier impuesto tiene que ser igual para todos. Se deben buscar la equidad tributaria y la equidad económica. En el caso del aumento del mínimo no imponible, solamente se buscó la equidad económica.
En realidad el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias fue una propuesta de la oposición que el oficialismo capitalizó políticamente. Pero este tema dio para más, ya que lo pudieron analizar y capitalizar desde distintos sectores que se comprometieron y/o tienen participación directa o indirecta con estas medidas. Estos fueron los logros y mensajes de cada uno:
-Las empresas podrán mostrar que abonan mayores salarios.
-Los sindicalistas, que se preocupan por mejorar el ingreso de los trabajadores.
-Los políticos oficialistas capitalizan esta decisión opinando que mejorar el salario contribuye en la lucha por la distribución de la riqueza.
-Los políticos de la oposición exigen que se respeten las instituciones, reclamando que las modificaciones en los impuestos se deben hacer por ley y no por un simple anuncio del Poder Ejecutivo, en este caso una resolución de la Afip.
-Los medios de comunicación, porque instalaron el tema en la opinión pública.
-Los técnicos y algunos economistas piensan que el aumentar la cantidad de dinero en circulación y el consumo generará mayor inflación.
-Por último, los trabajadores que se beneficiaron con este anuncio, agradecidos.
En realidad este aumento del mínimo no imponible solamente implica mejoras para el 10% de los empleados registrados y apenas alcanza al 5% del total de los trabajadores ocupados.
¿Qué estamos haciendo con el sector de trabajadores informales que no tienen acceso a la salud o a la jubilaciones, entre otros beneficios? ¿Qué futuro les espera o cómo pueden reaccionar cuando nuestra presidenta anuncia que ha aumentado el mínimo no imponible a los trabajadores que están inscriptos y reciben su sueldo en blanco, cuando en realidad tendría que buscar que se termine el trabajo informal y que todas las medidas que se anuncien para beneficiar a los trabajadores sean para todo el universo de trabajadores y no para un 5%; es decir, para el 100% de las personas que trabajan en relación de dependencia?
El anuncio de medidas como éstas, en un marco preelectoral y debido a la poca significación de este anuncio, me hace acordar a un juego que jugamos y cantamos todos alguna vez y en el que una de sus frases dice así: “cada cual, cada cual atiende su juego”. ¿Quién no lo recuerda?
La semana pasada entre el Gobierno y la CGT se cerraron dos acuerdos. En el primero, el líder de la CGT, Hugo Moyano, fijó el tope del 24% de aumento de sueldos en la paritaria de los camioneros. La suba se cobrará en tres veces. En el segundo, la Presidenta aumentó un 20% el mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias que grava los salarios de los trabajadores.
Ambos hicieron las paces después de la amenaza de paro general. Entiendo que hubo un pacto, por cuanto Moyano tuvo que sacrificar un porcentaje significativo de aumento en las remuneraciones de los camioneros, para que quede como antecedente en futuras paritarias de otros gremios. Pero desde la Casa Rosada -por iniciativa y pedido de la CGT- la Presidenta anunció la disminución en el impuesto a las Ganancias como una forma de reconocer esta gestión.
Algunos dirigentes gremiales entienden que fue un triunfo, ya que la CGT logró lo que la oposición no pudo en la Cámara de Diputados por falta de quórum. En cambio, desde el Gobierno descartan cualquier lectura política en términos de acuerdo por el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias, la paritaria sindical del gremio de camioneros y la relación entre el oficialismo y el líder de la CGT.
Varios dirigentes políticos cuestionaron el incremento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, por considerarlo insuficiente y también por la forma en que se instrumentó, ya que correspondía hacerlo por ley y no a través de una resolución de la Afip. Criticaron además la legalidad de esta medida, porque fue instrumentada desde el Gobierno para quitarle rédito político a la oposición.
Los alcances del aumento
El impuesto a las Ganancias grava, entre otros hechos, las retribuciones que obtienen los trabajadores en relación de dependencia. Para determinar el monto a pagar, se procede de la siguiente manera: al total de salarios cobrados por el trabajador durante un año se le restan primero lo que conocemos como mínimo no imponible y otras deducciones. A ese resultado se le aplica la escala progresiva que va del 0 al 36% y se determina así el importe a pagar. Esto implica que, a mayor retribución, mayor pago de impuesto.
Según información presentada por la Afip, de un total de 7,4 millones de asalariados registrados, con el aumento anunciado solamente 802.475 pasarán a tributar el impuesto a las Ganancias. El organismo aclaró que en 2010 entraron en este régimen 1,2 millones de asalariados.
A este dato le falta adicionar los trabajadores que volverán a ser contribuyentes cuando reciban los aumentos de sueldos acordados en las paritarias, situación que resulta obvia ya que los aumentos rondan el 24% y las deducciones aumentaron sólo el 20%. La lógica nos dice que aumentará la cantidad de trabajadores que deban tributar este impuesto.
Críticas y elogios
Un sindicato presentó un recurso que pide eliminar el “impuesto al salario”, calificándolo de “injusto e inconstitucional”. La CTA pidió derogarlo o subir al doble el mínimo no imponible. También la CGT propuso algo parecido, manteniendo la carga impositiva sólo para niveles jerárquicos.
Muchos autores coinciden en que el impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia está mal llamado, por considerar que la retribución por el trabajo no es una ganancia y no debería estar grabado por esa ley.
En muchos países que lo cobran, lo denominan impuesto sobre los salarios o sobre los ingresos personales. Pero la discusión no debe pasar por la denominación, sino por instrumentar o no un nuevo tributo de base amplia y global que paguen todos los trabajadores por sus retribuciones.
Este impuesto que grava los sueldos de los trabajadores no es equitativo, ya que no lo pagan todos los trabajadores sino sólo los que más ganan. Además, la tasa del impuesto va creciendo a medida que aumentan los montos cobrados. Esto quiere decir que aparte de ser inequitativo, es doblemente progresivo.
Cualquier impuesto tiene que ser igual para todos. Se deben buscar la equidad tributaria y la equidad económica. En el caso del aumento del mínimo no imponible, solamente se buscó la equidad económica.
En realidad el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias fue una propuesta de la oposición que el oficialismo capitalizó políticamente. Pero este tema dio para más, ya que lo pudieron analizar y capitalizar desde distintos sectores que se comprometieron y/o tienen participación directa o indirecta con estas medidas. Estos fueron los logros y mensajes de cada uno:
-Las empresas podrán mostrar que abonan mayores salarios.
-Los sindicalistas, que se preocupan por mejorar el ingreso de los trabajadores.
-Los políticos oficialistas capitalizan esta decisión opinando que mejorar el salario contribuye en la lucha por la distribución de la riqueza.
-Los políticos de la oposición exigen que se respeten las instituciones, reclamando que las modificaciones en los impuestos se deben hacer por ley y no por un simple anuncio del Poder Ejecutivo, en este caso una resolución de la Afip.
-Los medios de comunicación, porque instalaron el tema en la opinión pública.
-Los técnicos y algunos economistas piensan que el aumentar la cantidad de dinero en circulación y el consumo generará mayor inflación.
-Por último, los trabajadores que se beneficiaron con este anuncio, agradecidos.
En realidad este aumento del mínimo no imponible solamente implica mejoras para el 10% de los empleados registrados y apenas alcanza al 5% del total de los trabajadores ocupados.
¿Qué estamos haciendo con el sector de trabajadores informales que no tienen acceso a la salud o a la jubilaciones, entre otros beneficios? ¿Qué futuro les espera o cómo pueden reaccionar cuando nuestra presidenta anuncia que ha aumentado el mínimo no imponible a los trabajadores que están inscriptos y reciben su sueldo en blanco, cuando en realidad tendría que buscar que se termine el trabajo informal y que todas las medidas que se anuncien para beneficiar a los trabajadores sean para todo el universo de trabajadores y no para un 5%; es decir, para el 100% de las personas que trabajan en relación de dependencia?
El anuncio de medidas como éstas, en un marco preelectoral y debido a la poca significación de este anuncio, me hace acordar a un juego que jugamos y cantamos todos alguna vez y en el que una de sus frases dice así: “cada cual, cada cual atiende su juego”. ¿Quién no lo recuerda?
lunes, 4 de abril de 2011
lunes, 28 de marzo de 2011
Federalismo simulado, Unitarismo real
Gregorio A. Caro Figueroa
Editorial del número de marzo de 2011 de la revista "Todo es Historia".
A comienzos del siglo XX, remando contra corriente, Rodolfo Rivarola (1857-1942) provocó reacciones por haberse propuesto someter a crítica uno de los pilares sobre los que se apoya nuestra Constitución: el federalismo. Desde el título, su libro Del régimen federativo al unitario (1908) parecía una provocación o, cuando menos, un error de imprenta.
Si bien reconocía que el régimen federal consagrado en la Constitución fue útil para organizar el país y para satisfacer “sanos anhelos patrióticos”, había dejado de serlo hacia 1880. La centralización arrinconó al federalismo que “tenía todos los costos de tan complejo sistema y ninguno de sus beneficios”, observó Ezequiel Gallo.
La Argentina es un país con códigos unificados, exceptuando los códigos de procedimientos librados a la iniciativa de las provincias. Su sistema impositivo es disperso y superpuesto. Hay que tributar al Estado nacional, al provincial y a las administraciones locales. Para superar esto, recomendaba ir hacia un gobierno unitario con régimen municipal. Así, de un plumazo, eliminaba a las provincias, piezas claves en el diseño de Alberdi del federalismo mixto.
Admitió que esa Constitución había sacado al país de treinta años de guerras civiles atizadas por pasiones localistas, odios salvajes y ambiciones estrechas. Pudo servir “para aquel momento en que las provincias pobres y desiertas jugaban a las naciones y los caudillos que las regían celebraban tratados con solemnidad de monarcas”.
Medio siglo después de sancionada la Constitución, propugnar el tránsito del sistema federal al unitario parecía no sólo extemporáneo y retrógrado, sino francamente descabellado. Debido a esas opiniones, Victorino de la Plaza no avaló la designación de Rivarola como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si a estas ideas se añade su propuesta de privar del derecho al voto a los analfabetos, Rivarola aparecía como abogado del diablo e instigador de la destrucción de la arquitectura institucional del país, incluida su crítica a un sistema presidencialista omnipotente. Esto no impidió que Rivarola se definiera democrático y republicano.
Los excesos en que incurrió en algunas de sus propuestas, como anexar Santiago del Estero y Catamarca a Tucumán, y restituir a Jujuy a la jurisdicción de Salta; otorgar al presidente la facultad de designar gobernadores y la creencia de que el unitarismo evitaría la omnipotencia del Poder Ejecutivo y el hiper presidencialismo absorbente, no invalidan el valor de sus críticas.
Ese presidencialismo “movió en el tablero de la República, como peones de ajedrez, gobernadores, ministros y diputados nacionales y provinciales”. ¿Por qué escandalizarse con la idea de que el presidente, públicamente, nombre a los gobernadores, como ocurría antes de 1820? El escándalo es que designen gobernadores de forma solapada.
Considerando que el concepto ‘federalismo’ se había desvirtuado, Rivarola sometió a crítica ese dogma “que vive en la creencia de los argentinos. Dogma que se discute perece y “el federalismo argentino perecerá″”. Cuestionar el federalismo, verdad definitiva e intangible, era una herejía. El federalismo es un régimen transitorio, no eterno.
Rivarola era conciente de que sus detractores presentarían esas ideas como un llamado a reavivar la lucha entre unitarios y aquellos federales que equiparaban federación a soberanía local. Ante este riesgo, el autor advirtió que cualquier cambio político debía imponerse de forma gradual, no traumática, y por la razón y no por la violencia.
La forma republicana debía ser mejorada y garantizada, afirmó. No debe ser sacrificada “al concepto de las autonomías provinciales, disfraz de la arbitrariedad de los gobernadores”, mandones en sus feudos, manipuladores de la justicia y proclives a la corrupción.
Más que de autonomías provinciales, habría que hablar de soberanías provinciales y de localismos refractarios a integrarse en el todo nacional y contrarios a la tendencia hacia lo que hoy llamamos globalización. Localismos no exclusivos de provincias interiores: el porteño no fue menos enfático que aquellos. Para Rivarola, cierta forma de federalismo no expresa diversidad sino disolución y dispersión.
Rivarola recuerda que, cuatro días después de sancionada la Constitución de 1853, los convencionales firmaron un documento poco conocido en el que manifestaban que en sus trabajos habían quitado al término federal de lo que éste tenía “de peligroso en la vaga y absurda significación vulgarmente recibida”.
Hasta allí, por federación no se entendía un mecanismo institucional para conciliar, articular y equilibrar las partes de un todo, sino como terreno de confrontación donde las partes aparecían contrapuestas y en antagonismo con el todo, con lo que el unitarismo sería la versión invertida de esa misma idea.
El federalismo se pervertía al transformarse en ejercicio de un centralismo despótico al interior de provincias gobernadas por mandones arbitrarios y vitalicios. El federalismo no podía reducirse “a un pacto de conservación entre capitanejos”, añadían los constituyentes.
Esa particular versión no sólo estaba divorciada de los principios republicanos, sino que se había presentado como su más flagrante violación. Esos capitanejos se envolvían en la bandera de un federalismo a medida de sus intereses personales. Detrás de ese rótulo concentraron el poder en un puño, no respetaron las leyes, mataron, persiguieron y privaron de derechos a sus opositores.
A partir de 1825, para cubrir el vacío institucional que sobrevino al derrumbarse la administración española, los gobernantes criollos habían tenido que echar mano a parte de la legislación y de las antiguas instituciones que rigieron durante más de dos siglos y medio.
De modo parecido, para organizar el país en 1853 dotándolo de Constitución, se recurrió a los mismos generales y gobernadores que durante diez o veinte años habían “tenido el dominio personal, más o menos absoluto de todo el país”, dictando leyes y constituciones “bajo el lema de muerte de los adversarios políticos”.
Medio siglo después, la situación apenas había cambiado. Al momento de editar Del régimen federativo al unitario, estaba en ciernes la reforma política destinada a garantizar la participación ciudadana y la limpieza electoral. Aunque valioso, aquel proyecto reformista no incluía la reformulación del federalismo ni la superación de sus vicios.
Rivarola denunció la intervención del Poder Ejecutivo Nacional y del gobernador de Buenos Aires empeñados en tutelar, dirigir y controlar la composición del Congreso. La reforma política no revirtió los vicios de ese federalismo simulado: la profundizó, acentuando la centralización con una escalada de intervenciones federales.
Rivarola no pensó una reforma del régimen federal con una visión estrecha, reducida a lo político-institucional. En su libro rescata el valor de la cultura común “como obra nacional”, en la que el protagonismo corresponde a sociedades y gobiernos locales y no al gobierno central.
No hay reforma posible dando la espalda a la cultura y sin mejorar la educación. Rivarola no levantó la bandera de la discordia entre unitarios y federales, sino aquella otra que expresaba sus “deseos más íntimos de paz y libertad, seguridad y justicia para todos los que habitan y lleguen a habitar el suelo argentino”.
Recuerda Bernardo González Arrili que los universitarios de comienzos de siglo llamaban a Rivarola “el Último Unitario”. El calificativo tiene el atractivo de lo simple, pero empobrece a un pensador crítico que asumió la difícil tarea de ser el primer lúcido crítico de nuestro pertinaz federalismo simulado.-
Editorial del número de marzo de 2011 de la revista "Todo es Historia".
A comienzos del siglo XX, remando contra corriente, Rodolfo Rivarola (1857-1942) provocó reacciones por haberse propuesto someter a crítica uno de los pilares sobre los que se apoya nuestra Constitución: el federalismo. Desde el título, su libro Del régimen federativo al unitario (1908) parecía una provocación o, cuando menos, un error de imprenta.
Si bien reconocía que el régimen federal consagrado en la Constitución fue útil para organizar el país y para satisfacer “sanos anhelos patrióticos”, había dejado de serlo hacia 1880. La centralización arrinconó al federalismo que “tenía todos los costos de tan complejo sistema y ninguno de sus beneficios”, observó Ezequiel Gallo.
La Argentina es un país con códigos unificados, exceptuando los códigos de procedimientos librados a la iniciativa de las provincias. Su sistema impositivo es disperso y superpuesto. Hay que tributar al Estado nacional, al provincial y a las administraciones locales. Para superar esto, recomendaba ir hacia un gobierno unitario con régimen municipal. Así, de un plumazo, eliminaba a las provincias, piezas claves en el diseño de Alberdi del federalismo mixto.
Admitió que esa Constitución había sacado al país de treinta años de guerras civiles atizadas por pasiones localistas, odios salvajes y ambiciones estrechas. Pudo servir “para aquel momento en que las provincias pobres y desiertas jugaban a las naciones y los caudillos que las regían celebraban tratados con solemnidad de monarcas”.
Medio siglo después de sancionada la Constitución, propugnar el tránsito del sistema federal al unitario parecía no sólo extemporáneo y retrógrado, sino francamente descabellado. Debido a esas opiniones, Victorino de la Plaza no avaló la designación de Rivarola como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si a estas ideas se añade su propuesta de privar del derecho al voto a los analfabetos, Rivarola aparecía como abogado del diablo e instigador de la destrucción de la arquitectura institucional del país, incluida su crítica a un sistema presidencialista omnipotente. Esto no impidió que Rivarola se definiera democrático y republicano.
Los excesos en que incurrió en algunas de sus propuestas, como anexar Santiago del Estero y Catamarca a Tucumán, y restituir a Jujuy a la jurisdicción de Salta; otorgar al presidente la facultad de designar gobernadores y la creencia de que el unitarismo evitaría la omnipotencia del Poder Ejecutivo y el hiper presidencialismo absorbente, no invalidan el valor de sus críticas.
Ese presidencialismo “movió en el tablero de la República, como peones de ajedrez, gobernadores, ministros y diputados nacionales y provinciales”. ¿Por qué escandalizarse con la idea de que el presidente, públicamente, nombre a los gobernadores, como ocurría antes de 1820? El escándalo es que designen gobernadores de forma solapada.
Considerando que el concepto ‘federalismo’ se había desvirtuado, Rivarola sometió a crítica ese dogma “que vive en la creencia de los argentinos. Dogma que se discute perece y “el federalismo argentino perecerá″”. Cuestionar el federalismo, verdad definitiva e intangible, era una herejía. El federalismo es un régimen transitorio, no eterno.
Rivarola era conciente de que sus detractores presentarían esas ideas como un llamado a reavivar la lucha entre unitarios y aquellos federales que equiparaban federación a soberanía local. Ante este riesgo, el autor advirtió que cualquier cambio político debía imponerse de forma gradual, no traumática, y por la razón y no por la violencia.
La forma republicana debía ser mejorada y garantizada, afirmó. No debe ser sacrificada “al concepto de las autonomías provinciales, disfraz de la arbitrariedad de los gobernadores”, mandones en sus feudos, manipuladores de la justicia y proclives a la corrupción.
Más que de autonomías provinciales, habría que hablar de soberanías provinciales y de localismos refractarios a integrarse en el todo nacional y contrarios a la tendencia hacia lo que hoy llamamos globalización. Localismos no exclusivos de provincias interiores: el porteño no fue menos enfático que aquellos. Para Rivarola, cierta forma de federalismo no expresa diversidad sino disolución y dispersión.
Rivarola recuerda que, cuatro días después de sancionada la Constitución de 1853, los convencionales firmaron un documento poco conocido en el que manifestaban que en sus trabajos habían quitado al término federal de lo que éste tenía “de peligroso en la vaga y absurda significación vulgarmente recibida”.
Hasta allí, por federación no se entendía un mecanismo institucional para conciliar, articular y equilibrar las partes de un todo, sino como terreno de confrontación donde las partes aparecían contrapuestas y en antagonismo con el todo, con lo que el unitarismo sería la versión invertida de esa misma idea.
El federalismo se pervertía al transformarse en ejercicio de un centralismo despótico al interior de provincias gobernadas por mandones arbitrarios y vitalicios. El federalismo no podía reducirse “a un pacto de conservación entre capitanejos”, añadían los constituyentes.
Esa particular versión no sólo estaba divorciada de los principios republicanos, sino que se había presentado como su más flagrante violación. Esos capitanejos se envolvían en la bandera de un federalismo a medida de sus intereses personales. Detrás de ese rótulo concentraron el poder en un puño, no respetaron las leyes, mataron, persiguieron y privaron de derechos a sus opositores.
A partir de 1825, para cubrir el vacío institucional que sobrevino al derrumbarse la administración española, los gobernantes criollos habían tenido que echar mano a parte de la legislación y de las antiguas instituciones que rigieron durante más de dos siglos y medio.
De modo parecido, para organizar el país en 1853 dotándolo de Constitución, se recurrió a los mismos generales y gobernadores que durante diez o veinte años habían “tenido el dominio personal, más o menos absoluto de todo el país”, dictando leyes y constituciones “bajo el lema de muerte de los adversarios políticos”.
Medio siglo después, la situación apenas había cambiado. Al momento de editar Del régimen federativo al unitario, estaba en ciernes la reforma política destinada a garantizar la participación ciudadana y la limpieza electoral. Aunque valioso, aquel proyecto reformista no incluía la reformulación del federalismo ni la superación de sus vicios.
Rivarola denunció la intervención del Poder Ejecutivo Nacional y del gobernador de Buenos Aires empeñados en tutelar, dirigir y controlar la composición del Congreso. La reforma política no revirtió los vicios de ese federalismo simulado: la profundizó, acentuando la centralización con una escalada de intervenciones federales.
Rivarola no pensó una reforma del régimen federal con una visión estrecha, reducida a lo político-institucional. En su libro rescata el valor de la cultura común “como obra nacional”, en la que el protagonismo corresponde a sociedades y gobiernos locales y no al gobierno central.
No hay reforma posible dando la espalda a la cultura y sin mejorar la educación. Rivarola no levantó la bandera de la discordia entre unitarios y federales, sino aquella otra que expresaba sus “deseos más íntimos de paz y libertad, seguridad y justicia para todos los que habitan y lleguen a habitar el suelo argentino”.
Recuerda Bernardo González Arrili que los universitarios de comienzos de siglo llamaban a Rivarola “el Último Unitario”. El calificativo tiene el atractivo de lo simple, pero empobrece a un pensador crítico que asumió la difícil tarea de ser el primer lúcido crítico de nuestro pertinaz federalismo simulado.-
jueves, 17 de marzo de 2011
La prohibición de la ONU y el coqueo en la Argentina
RICARDO N. ALONSO, Doctor en Ciencias Geológicas (UNSA-Conicet)
El Tribuuno de Salta; 14 feb 2011
La ONU pidió que se elimine el coqueo, esto es, el consumo ancestral de la hoja de coca. No me interesa traer a colación los conocidos argumentos de que si el vino es malo o es causa de accidentes, entonces habría que prohibir la uva; o que si el cigarrillo da cáncer a los fumadores luego de varios miles de atados, entonces hay que prohibir el tabaco. O en sentido contrario, de que los gringos deberían prohibir la Coca-Cola, o dejar de mascar tabaco, o dejar de comer hamburguesas y toda la comida chatarra. Aquí la cosa pasa por la ignorancia. Estos personajes, que se ocupan del narcotráfico a nivel internacional y que viven en los países que tienen el mayor consumo del mundo de estupefacientes, desconocen que en nuestra región andina el coqueo se remonta al período Holoceno. Nuestros pueblos, en aquellas lejanas épocas, ya habían descubierto la importancia de la hoja de coca y de la utilización de sustancias alcalinas para una mejor lixiviación de los alcaloides contenidos en la hoja. Usaban ellos la hoja de la coca y la yista, que preparaban con cenizas de plantas y otras sustancias carbonatadas y bicarbonatadas.
En el Perú se encontró un lugar (Valle de Nanchoc) con evidencias de hojas de coqueo y yista que datan de 8.000 años antes del presente (6.000 años antes de Cristo), asociado a habitaciones y fogones. O sea, en los Andes Centrales de América del Sur coqueamos (con yista incluida) desde hace 8.000 años, cuando los americanos del norte estaban corriendo desnudos delante de los búfalos. El hallazgo de esa coca tan antigua, las evidencias de que fue masticada y de que se usó yista para su lixiviación alcalina fue realizado por el Dr. Tom D. Dillehay y su equipo del Departamento de Antropología de la Universidad de Vanderbilt, Nashville, en Estados Unidos. Dillehay publicó un interesante trabajo en la revista científica Antiquity N§ 84 (2010), págs. 939-953, titulado “Early Holocene coca chewing in northern Peru” (“El masticado de la coca en el Holoceno temprano del norte del Perú)”, junto a un grupo de colaboradores americanos, peruanos y chilenos. Es decir que desde hace -al menos- ocho mil años los americanos del sur en el espacio andino mastican coca. Y lo hacen porque es una costumbre cultural, ancestral, arraigada profundamente en el ser andino. Costumbre que se transmite de padres a hijos. Que está en el nacimiento y en la muerte, en los festejos y en las alegrías, en la meditación profunda, en el remedio y en la enfermedad, en las penas y en las tristezas, en la magia y en el rito, está en todas partes, transversal y verticalmente: omnipresente. Para el hombre de campo, para el trabajador, para el minero, la coca es amiga y compañera, es confidente de penas y glorias, es parte íntima de su ser. Por todo ello, la legislación argentina, sabedora de la importancia ancestral de la coca en las culturas del NOA, sabiamente fijó el artículo 15 de la ley 23.737, en el que no se considera la hoja de coca en su estado natural, destinada a la práctica del coqueo o como infusión, como un estupefaciente. Evidentemente, los muchachos de la ONU -que no merecen ningún respeto de mi parte- confunden aserrín con pan rallado.
Franklin Pease, mi gran amigo fallecido en Perú, una de las mentes más luminosas en el estudio del mundo incaico y colonial español, me comentó sobre el impacto que tuvieron en su momento las ordenanzas del virrey Toledo, liberando el consumo de la coca al pueblo en general, a contrario sensu de la clase dominante inca, que tenía el control y monopolio de su uso como hoja sagrada. Si la hoja era buena, entonces debía ser buena para todos, pensó el virrey. Obviamente, ya tenía datos sobre su importancia contra la sed, el hambre, la hipoxia y la fatiga, todo lo cual redundaba en el trabajo en largas jornadas, principalmente en las faenas agrícolas y mineras en el espinazo andino. Además era buena para manejarse en las alturas.
La reacción no se hizo esperar, y a la par de que el pueblo comenzó a consumir la hoja de coca los nobles la abandonaron. Por ello hoy en día, en Perú y Bolivia, sólo consumen hojas de coca la clase baja, el cholaje pobre, el campesinado. No así la clase que se considera media a alta.
En cambio en el norte argentino, el consumo es transversal y vertical. La consume desde el peón del surco hasta quienes tienen raíces aristocráticas, desde el más encumbrado político o empresario hasta el más simple trabajador.
Las estatuillas antropomorfas de oro y plata que se encontraron con los niños del Llullaillaco muestran claramente la imagen del acullico en un costado de la cara. Las chuspas o bolsas que acompañan los cuerpos de estos chicos incas contienen también hojas de coca de uso ceremonial. O sea que en Salta y gracias al incanato, se coquea desde hace, al menos, 500 años. El coqueo fue estúpidamente prohibido durante la última dictadura militar en Argentina. Ello llevó a que la gente buscara en nuestros cerros una de las 230 variedades de coca que se conocen en América, a la cual llaman “acha-coca”. Porque nuestros ecosistemas son aptos para las plantas de coca, al punto que los jesuitas las plantaron en La Caldera y en Calilegua en el siglo XVIII y todavía quedaban plantas a mediados del siglo XIX, como rezan los trabajos de los primeros boletines agrícolas del país
La revista salteña Kallawaya, del Instituto de Investigaciones en Antropología Médica y Nutricional, dirigida por el Dr. Néstor H. Palma, en su último número especial N§ 16-17 (2009-2010; 84 p.), salió completamente dedicada al tema de la hoja de coca y el coqueo. Allí escriben científicos argentinos, especialmente antropólogos, sobre el valor de la hoja de coca y la práctica ancestral del coqueo en la historia y en la cultura andina. Entre ellos, Eugenia Flores escribió sobre el gusto, la costumbre y la utilidad de la hoja de coca en relación con sus usos sociales en Salta. La Dra. Olga Pretti, sobre las lesiones bucales por el uso de la coca. Las antropólogas Mirta Santoni y Graciela Torres, sobre la historia de la coca en América y su masticación.
Finalmente, el Dr. Carlos M. R. Sorentino y quien suscribe analizaron químicamente por metales pesados los distintos tipos de yista que se usan en Salta. Tal vez quien mejor resumió la historia de la coca para el hombre andino fue Ciro Alegría cuando escribió aquello de: “La coca es buena para el hombre, para la sed, para la fatiga, para el calor, para el frío, para el dolor, para la alegría, para todo es buena. Es buena para la vida. A la coca le preguntan los brujos y quien desea catipar; con la coca se obsequia a los cerros, lagunas y ríos encantados; con la coca viven los vivos, llevando coca entre las manos se van los muertos. La coca es sabia y benéfica”.
El Tribuuno de Salta; 14 feb 2011
La ONU pidió que se elimine el coqueo, esto es, el consumo ancestral de la hoja de coca. No me interesa traer a colación los conocidos argumentos de que si el vino es malo o es causa de accidentes, entonces habría que prohibir la uva; o que si el cigarrillo da cáncer a los fumadores luego de varios miles de atados, entonces hay que prohibir el tabaco. O en sentido contrario, de que los gringos deberían prohibir la Coca-Cola, o dejar de mascar tabaco, o dejar de comer hamburguesas y toda la comida chatarra. Aquí la cosa pasa por la ignorancia. Estos personajes, que se ocupan del narcotráfico a nivel internacional y que viven en los países que tienen el mayor consumo del mundo de estupefacientes, desconocen que en nuestra región andina el coqueo se remonta al período Holoceno. Nuestros pueblos, en aquellas lejanas épocas, ya habían descubierto la importancia de la hoja de coca y de la utilización de sustancias alcalinas para una mejor lixiviación de los alcaloides contenidos en la hoja. Usaban ellos la hoja de la coca y la yista, que preparaban con cenizas de plantas y otras sustancias carbonatadas y bicarbonatadas.
En el Perú se encontró un lugar (Valle de Nanchoc) con evidencias de hojas de coqueo y yista que datan de 8.000 años antes del presente (6.000 años antes de Cristo), asociado a habitaciones y fogones. O sea, en los Andes Centrales de América del Sur coqueamos (con yista incluida) desde hace 8.000 años, cuando los americanos del norte estaban corriendo desnudos delante de los búfalos. El hallazgo de esa coca tan antigua, las evidencias de que fue masticada y de que se usó yista para su lixiviación alcalina fue realizado por el Dr. Tom D. Dillehay y su equipo del Departamento de Antropología de la Universidad de Vanderbilt, Nashville, en Estados Unidos. Dillehay publicó un interesante trabajo en la revista científica Antiquity N§ 84 (2010), págs. 939-953, titulado “Early Holocene coca chewing in northern Peru” (“El masticado de la coca en el Holoceno temprano del norte del Perú)”, junto a un grupo de colaboradores americanos, peruanos y chilenos. Es decir que desde hace -al menos- ocho mil años los americanos del sur en el espacio andino mastican coca. Y lo hacen porque es una costumbre cultural, ancestral, arraigada profundamente en el ser andino. Costumbre que se transmite de padres a hijos. Que está en el nacimiento y en la muerte, en los festejos y en las alegrías, en la meditación profunda, en el remedio y en la enfermedad, en las penas y en las tristezas, en la magia y en el rito, está en todas partes, transversal y verticalmente: omnipresente. Para el hombre de campo, para el trabajador, para el minero, la coca es amiga y compañera, es confidente de penas y glorias, es parte íntima de su ser. Por todo ello, la legislación argentina, sabedora de la importancia ancestral de la coca en las culturas del NOA, sabiamente fijó el artículo 15 de la ley 23.737, en el que no se considera la hoja de coca en su estado natural, destinada a la práctica del coqueo o como infusión, como un estupefaciente. Evidentemente, los muchachos de la ONU -que no merecen ningún respeto de mi parte- confunden aserrín con pan rallado.
Franklin Pease, mi gran amigo fallecido en Perú, una de las mentes más luminosas en el estudio del mundo incaico y colonial español, me comentó sobre el impacto que tuvieron en su momento las ordenanzas del virrey Toledo, liberando el consumo de la coca al pueblo en general, a contrario sensu de la clase dominante inca, que tenía el control y monopolio de su uso como hoja sagrada. Si la hoja era buena, entonces debía ser buena para todos, pensó el virrey. Obviamente, ya tenía datos sobre su importancia contra la sed, el hambre, la hipoxia y la fatiga, todo lo cual redundaba en el trabajo en largas jornadas, principalmente en las faenas agrícolas y mineras en el espinazo andino. Además era buena para manejarse en las alturas.
La reacción no se hizo esperar, y a la par de que el pueblo comenzó a consumir la hoja de coca los nobles la abandonaron. Por ello hoy en día, en Perú y Bolivia, sólo consumen hojas de coca la clase baja, el cholaje pobre, el campesinado. No así la clase que se considera media a alta.
En cambio en el norte argentino, el consumo es transversal y vertical. La consume desde el peón del surco hasta quienes tienen raíces aristocráticas, desde el más encumbrado político o empresario hasta el más simple trabajador.
Las estatuillas antropomorfas de oro y plata que se encontraron con los niños del Llullaillaco muestran claramente la imagen del acullico en un costado de la cara. Las chuspas o bolsas que acompañan los cuerpos de estos chicos incas contienen también hojas de coca de uso ceremonial. O sea que en Salta y gracias al incanato, se coquea desde hace, al menos, 500 años. El coqueo fue estúpidamente prohibido durante la última dictadura militar en Argentina. Ello llevó a que la gente buscara en nuestros cerros una de las 230 variedades de coca que se conocen en América, a la cual llaman “acha-coca”. Porque nuestros ecosistemas son aptos para las plantas de coca, al punto que los jesuitas las plantaron en La Caldera y en Calilegua en el siglo XVIII y todavía quedaban plantas a mediados del siglo XIX, como rezan los trabajos de los primeros boletines agrícolas del país
La revista salteña Kallawaya, del Instituto de Investigaciones en Antropología Médica y Nutricional, dirigida por el Dr. Néstor H. Palma, en su último número especial N§ 16-17 (2009-2010; 84 p.), salió completamente dedicada al tema de la hoja de coca y el coqueo. Allí escriben científicos argentinos, especialmente antropólogos, sobre el valor de la hoja de coca y la práctica ancestral del coqueo en la historia y en la cultura andina. Entre ellos, Eugenia Flores escribió sobre el gusto, la costumbre y la utilidad de la hoja de coca en relación con sus usos sociales en Salta. La Dra. Olga Pretti, sobre las lesiones bucales por el uso de la coca. Las antropólogas Mirta Santoni y Graciela Torres, sobre la historia de la coca en América y su masticación.
Finalmente, el Dr. Carlos M. R. Sorentino y quien suscribe analizaron químicamente por metales pesados los distintos tipos de yista que se usan en Salta. Tal vez quien mejor resumió la historia de la coca para el hombre andino fue Ciro Alegría cuando escribió aquello de: “La coca es buena para el hombre, para la sed, para la fatiga, para el calor, para el frío, para el dolor, para la alegría, para todo es buena. Es buena para la vida. A la coca le preguntan los brujos y quien desea catipar; con la coca se obsequia a los cerros, lagunas y ríos encantados; con la coca viven los vivos, llevando coca entre las manos se van los muertos. La coca es sabia y benéfica”.
¿Cambiar la matriz productiva?
Por JULIO MORENO, Contador Público Nacional
(El Tribuno/Salta - Marzo/2011)
En recientes declaraciones el futuro Presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio De Mendiguren, hizo mención a que debemos cambiar la matriz (modelo) productiva de Argentina, si queremos mejorar la distribución y que “el salario vuelva a participar en forma permanente del 50% del ingreso nacional, introducir las nuevas tecnologías y que no exportemos soja sino biocombustibles”, advirtiendo a los candidatos que aspiran a un voto, que deberán dar respuesta a la pregunta de cómo vamos a integrar a Jujuy con la Capital Federal que tiene una renta per cápita de Bélgica y el interior del país de Africa.
Argentina debe planificar un desarrollo estratégico en el largo plazo. La reconstrucción de la industria o el cambio de la matriz o modelo productivo será clave en un proyecto de sociedad incluyente, en donde el empleo de calidad y la distribución de la riqueza sean los objetivos centrales de este proyecto.
Sabemos que la desocupación creció a partir de la segunda mitad de la década pasada, alcanzando su punto más elevado durante la crisis de 2001 y 2002. A partir de estos años la economía inició un proceso de recuperación de empleos, pero esto no alcanzó para disminuir la pobreza, ya que existe una gran cantidad de trabajadores pobres.
Por eso cabe concluir que hemos reducido la desocupación pero no la pobreza y una de las causas que explican este fenómeno es que no hay empleos de calidad que garanticen buenas remuneraciones. Todo esto sin considerar a la inflación que también contribuye a aumentar la pobreza.
Hacer un buen diagnóstico
Para poder hacer un buen programa productivo estratégico, primero debemos hacer un buen diagnóstico. Argentina está dividida en tres secciones: a) los grupos urbanos de consumo y servicios, donde funciona el núcleo de la industria manufacturera, que incluye a Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario; b) la pampa húmeda con su producción agropecuaria y las industrias y servicios asociadas, y c) las economías regionales.
Todas estas secciones han crecido, ya sea por el aumento del consumo interno generado principalmente por el gran gasto del sector público y por los aumentos de los precios internacionales de los productos agrícolas que producimos. Sabemos que esta bonanza no durará mucho tiempo, y es por eso que debemos replantear rápidamente el modelo productivo que queremos.
En base a esta realidad, el desafío debería estar dirigido a estimular la reconversión productiva y generar nuevos bienes y servicios, es decir generar mayor valor agregado a lo que producimos (productos primarios), e incorporar a la producción mayores insumos tecnológicos para poder competir con nuestros productos en el mundo.
Para ello es necesario que nuestro país tendría que eficientizar las instituciones de desarrollo, para planificar y controlar la implementación y el financiamiento de las políticas de reconversión.
La política industrial tiene que ser la base para modificar la matriz productiva, siendo el sector público nacional y provincial junto al sector privado, la clave en la determinación de los procesos de desarrollo, pensando en un proyecto de país a largo plazo, con pleno empleo y justicia distributiva.
No equivocarse al elegir
Se puede afirmar que existen dos formas de incentivar el desarrollo industrial. La primera -llamada de tipo horizontal-, que sólo se limita a corregir determinadas distorsiones del mercado, como por ejemplo las dificultades de acceso al crédito para determinado segmento de empresas o la carencia de mano de obra o la falta de personal capacitado para realizar trabajos específicos.
La segunda -y más importante estratégicamente, que no tiene nada que ver con la primera- es la que busca generar y estimular una nueva estructura productiva, es decir, cambiar la matriz.
Para entender mejor el modelo que busca crear una nueva matriz productiva es interesante mencionar la que aplicó Japón cuando el Gobierno decidió incentivar las industrias que necesitaban empleo intensivo de capital y tecnología, en actividades como las del acero, la refinación de petróleo, la maquinaria industrial de toda clase y la electrónica. Por supuesto, en el corto plazo no cerraba la apuesta, ya que Japón no produce las materias primas para abastecer a estas industrias. Pero en el mediano y largo plazo estas actividades fueron las que más crecieron. El progreso tecnológico en estas empresas fue rápido y dinámico, lo cual permitió que tenga mano de obra capacitada y de mucha productividad.
Quizás este ejemplo explica por qué su economía y el ingreso per cápita de los más de cien millones de habitantes de este país está entre los cinco primeros del mundo (hoy desgraciadamente desbastado).
Con otro ejemplo, quiero referirme a una contradicción en la toma de decisiones estratégicas. A fines de los 80, mientras América Latina aplicó políticas para reducir o limitar los alcances de su política industrial, muchos países del sudoeste asiático las profundizaron, siendo los resultados opuestos.
En 1980 América Latina participaba con el 7% del producto industrial mundial; y en el 2005 esta participación se redujo a menos del 5%. En cambio, los países del este asiático (sin incluir China) pasaron del 4% al 12% en ese mismo período.
Nuestro país siempre ha sido objeto de estudio y comparaciones de varios investigadores y analistas económicos, haciendo mención al modelo de desarrollo que utilizó Japón solamente con recursos humanos y sin recursos naturales, y que después de una devastadora guerra llegó a ser la tercera economía del mundo. En cambio Argentina, que tiene los recursos naturales, no pudo ser potencia. ¿Será porque nuestros recursos humanos no son compatibles con los recursos naturales?, ¿o éstos han sido demasiados apetecibles que no permitieron cambiar la matriz productiva? Lo podremos hacer ahora.
(El Tribuno/Salta - Marzo/2011)
En recientes declaraciones el futuro Presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio De Mendiguren, hizo mención a que debemos cambiar la matriz (modelo) productiva de Argentina, si queremos mejorar la distribución y que “el salario vuelva a participar en forma permanente del 50% del ingreso nacional, introducir las nuevas tecnologías y que no exportemos soja sino biocombustibles”, advirtiendo a los candidatos que aspiran a un voto, que deberán dar respuesta a la pregunta de cómo vamos a integrar a Jujuy con la Capital Federal que tiene una renta per cápita de Bélgica y el interior del país de Africa.
Argentina debe planificar un desarrollo estratégico en el largo plazo. La reconstrucción de la industria o el cambio de la matriz o modelo productivo será clave en un proyecto de sociedad incluyente, en donde el empleo de calidad y la distribución de la riqueza sean los objetivos centrales de este proyecto.
Sabemos que la desocupación creció a partir de la segunda mitad de la década pasada, alcanzando su punto más elevado durante la crisis de 2001 y 2002. A partir de estos años la economía inició un proceso de recuperación de empleos, pero esto no alcanzó para disminuir la pobreza, ya que existe una gran cantidad de trabajadores pobres.
Por eso cabe concluir que hemos reducido la desocupación pero no la pobreza y una de las causas que explican este fenómeno es que no hay empleos de calidad que garanticen buenas remuneraciones. Todo esto sin considerar a la inflación que también contribuye a aumentar la pobreza.
Hacer un buen diagnóstico
Para poder hacer un buen programa productivo estratégico, primero debemos hacer un buen diagnóstico. Argentina está dividida en tres secciones: a) los grupos urbanos de consumo y servicios, donde funciona el núcleo de la industria manufacturera, que incluye a Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario; b) la pampa húmeda con su producción agropecuaria y las industrias y servicios asociadas, y c) las economías regionales.
Todas estas secciones han crecido, ya sea por el aumento del consumo interno generado principalmente por el gran gasto del sector público y por los aumentos de los precios internacionales de los productos agrícolas que producimos. Sabemos que esta bonanza no durará mucho tiempo, y es por eso que debemos replantear rápidamente el modelo productivo que queremos.
En base a esta realidad, el desafío debería estar dirigido a estimular la reconversión productiva y generar nuevos bienes y servicios, es decir generar mayor valor agregado a lo que producimos (productos primarios), e incorporar a la producción mayores insumos tecnológicos para poder competir con nuestros productos en el mundo.
Para ello es necesario que nuestro país tendría que eficientizar las instituciones de desarrollo, para planificar y controlar la implementación y el financiamiento de las políticas de reconversión.
La política industrial tiene que ser la base para modificar la matriz productiva, siendo el sector público nacional y provincial junto al sector privado, la clave en la determinación de los procesos de desarrollo, pensando en un proyecto de país a largo plazo, con pleno empleo y justicia distributiva.
No equivocarse al elegir
Se puede afirmar que existen dos formas de incentivar el desarrollo industrial. La primera -llamada de tipo horizontal-, que sólo se limita a corregir determinadas distorsiones del mercado, como por ejemplo las dificultades de acceso al crédito para determinado segmento de empresas o la carencia de mano de obra o la falta de personal capacitado para realizar trabajos específicos.
La segunda -y más importante estratégicamente, que no tiene nada que ver con la primera- es la que busca generar y estimular una nueva estructura productiva, es decir, cambiar la matriz.
Para entender mejor el modelo que busca crear una nueva matriz productiva es interesante mencionar la que aplicó Japón cuando el Gobierno decidió incentivar las industrias que necesitaban empleo intensivo de capital y tecnología, en actividades como las del acero, la refinación de petróleo, la maquinaria industrial de toda clase y la electrónica. Por supuesto, en el corto plazo no cerraba la apuesta, ya que Japón no produce las materias primas para abastecer a estas industrias. Pero en el mediano y largo plazo estas actividades fueron las que más crecieron. El progreso tecnológico en estas empresas fue rápido y dinámico, lo cual permitió que tenga mano de obra capacitada y de mucha productividad.
Quizás este ejemplo explica por qué su economía y el ingreso per cápita de los más de cien millones de habitantes de este país está entre los cinco primeros del mundo (hoy desgraciadamente desbastado).
Con otro ejemplo, quiero referirme a una contradicción en la toma de decisiones estratégicas. A fines de los 80, mientras América Latina aplicó políticas para reducir o limitar los alcances de su política industrial, muchos países del sudoeste asiático las profundizaron, siendo los resultados opuestos.
En 1980 América Latina participaba con el 7% del producto industrial mundial; y en el 2005 esta participación se redujo a menos del 5%. En cambio, los países del este asiático (sin incluir China) pasaron del 4% al 12% en ese mismo período.
Nuestro país siempre ha sido objeto de estudio y comparaciones de varios investigadores y analistas económicos, haciendo mención al modelo de desarrollo que utilizó Japón solamente con recursos humanos y sin recursos naturales, y que después de una devastadora guerra llegó a ser la tercera economía del mundo. En cambio Argentina, que tiene los recursos naturales, no pudo ser potencia. ¿Será porque nuestros recursos humanos no son compatibles con los recursos naturales?, ¿o éstos han sido demasiados apetecibles que no permitieron cambiar la matriz productiva? Lo podremos hacer ahora.
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