Dr. Gastón Galindes
Concejal
Las
recientes inundaciones en la provincia de Buenos Aires reabren el debate, en el
plano nacional, sobre la necesidad de generar espacios en los cuales se trabaje
en la elaboración de planes de emergencias donde la prevención y la preparación
para la respuesta son clave.
Cuando
se ven la consecuencias de los fenómenos hidrometeorológicos y geográficos empezamos
a escuchar hablar del impacto del cambio climático mientras que los científicos
prefieren hablar de ciclos y variabilidad climática.
Situaciones
como estas reflejan la vulnerabilidad de ciudades y poblaciones enteras ante
estos fenómenos y la necesidad de incrementar la preparación de los organismos
públicos para coordinar la respuesta entre los distintos niveles de gobierno y las
organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la materia.
Un
tema determinante para generar acciones concretas vinculadas a la prevención
tiene que ver con la percepción del riesgo. Esto es, cuan vulnerables nos
sentimos ante la posibilidad de ocurrencia de un hecho adverso o yendo un poco
mas allá en el cuestionamiento es que probabilidad existe de ocurrencia de un
evento adverso y que probabilidades hay que ese evento me afecte directa o
indirectamente.
La
mirada sobre el riesgo es clave para poder lograr un sistema vinculado fundamentalmente
a la prevención y la preparación de la población.
La
conciencia sobre las múltiples amenazas y los riesgos a los cuales nos
encontramos expuestos nos hacen variar el modo de pensar y actuar, mientras más baja es
la percepción del riesgo la preparación de la población pierde espacio y se
debilita.
Antiguamente
existía una mirada que ponía el énfasis en la respuesta vinculada a los
organismos públicos basados en la doctrina de la defensa civil. De un tiempo a
esta parte las ideas confluyen en una corriente de pensamiento que se
desarrolla en torno a un concepto fundamental que se podría sintetizar la
protección ciudadana.
En
materia de protección ciudadana, la nueva doctrina sobre la Gestión del Riesgo
Protección Ciudadana define el ciclo de los desastres y lo desagrega en tres
etapas bien identificadas: la mitigación (que incluye prevención y
preparación); la respuesta; y la recuperación (que incluye rehabilitación y
reconstrucción).
La
gestión del riesgo que tiene como fin contrarrestar las consecuencias de
catástrofes y desastres, tanto de origen natural como antrópico, define la
necesidad de contar con políticas públicas bien definidas mediante acciones
concretas. Uno de los primeros pasos es la constitución de los denominados “comité
de emergencias”. En este orden de ideas podemos afirmar que los planes que en
su seno se generan tiene como objetivo aumentar la capacidad de reacción
gubernamental frente a las emergencias evitando la dispersión y superposición
de esfuerzos, buscando maximizar la utilización de los recursos asignados para
este tipo de circunstancias.
La
ciudad capital de nuestra provincia tomó
la iniciativa en el año 2010 al crear en el ámbito del gobierno municipal un área
dedicada a esta materia denominada “Prevención y Emergencias” con el rango de subsecretaría
la Subsecretaria.
Esta
oficina pública fue determinante en la institucionalización de un sistema que
permita que una acción de gobierno se transforme en una política de estado.
Hace
unos años desde el área antes mencionada se hicieron importantes aportes para
que el Concejo Deliberante avance en la sanción de una ordenanza creando el
Sistema Municipal de Gestión del Riesgo.
Este
marco jurídico y las acciones realizadas en consecuencia permiten inferir que hoy
la ciudad se encuentra más preparada que antes, pero como visión podemos
afirmar que la ciudad de Salta estará realmente preparada cuando cada uno de
sus habitantes sepa que hacer en caso de un incidente de estas características.
El desafío esta en ser capaces de desarrollar un correcto
manejo de las emergencias partiendo desde una política gubernamental y que
incluya a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad en general.
